En tres operativos diferentes, las autoridades se ocuparon, con fines de extinción de dominio, bienes valorados en más de 18 mil millones de pesos, los cuales se relacionan con los casos del Cartel de las Devoluciones de la DIAN, los testaferros de Carlos Castaño, y Óscar David Pulgarín Gañan, alias Corozo o El Nuevo Patrón de los Caballos.
 

El primer operativo se llevó a cabo en Antioquia, donde fueron incautados los bienes de nueve personas condenadas en junio último, por el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Entre los bienes, avaluados en $3.068´000.000 que pertenecían a empresarios dedicados a la comercialización de chatarra, hay apartamentos, lotes, vehículos y establecimientos de comercio.

Por otra parte, se adelantaron diligencias de ocupación a las propiedades de Hernán Darío Moreno Calle, alias Mateo Rey, ubicadas también en el departamento antioqueño y cuyo valor asciende a los $5.000’000.000.

Según lo establecido, Moreno Calle fue designado por Carlos Castaño para dirigir el bloque noroccidental de las autodefensas que operó entre 1996 y 2005 en San Pedro de Los Milagros y Medellín (Antioquia). En 2006, alias Mateo Rey fue ultimado junto a su familia por las mismas autodefensas.

De los inmuebles incautados se destaca la finca La Pulgarina, donde se realizaba el entrenamiento de las tropas de ese grupo armado ilegal. Allí, se habrían encontrado unas caletas donde presuntamente ocultaban armas y dinero.

El tercer operativo se realizó contra los bienes de Óscar David Pulgarín, alias Corozo, investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos, y siete de sus familiares que le habrían servido de testaferros.

En las diligencias, sobre este caso, se incautaron 49 inmuebles, 20 vehículos, siete sociedades y 48 ejemplares de equinos finos; avaluados todos estos en más de $10.000’000.000. Los caballos de paso fino pertenecerían al Criadero Barcelona, ubicado en Caldas (Antioquia), del cual se determinó que era propiedad de Pulgarín.

En rueda de prensa, el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, aclaró que “las acciones de extinción de dominio no sólo se adelantan contra personas vinculadas al narcotráfico o al lavado de activos, sino que la extinción de dominio se puede iniciar contra cualquier persona que no pueda justificar sus bienes o el monto de sus bienes y la legalidad de los mismos”.