El próximo 30 de agosto, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá imputará y pedirá la medida de aseguramiento intramuros en contra de los representantes legales de la firma Gestiones Financieras S.A., María Clara Ramírez González y Juanita Ramírez González, así como de Rafael Saravia Hernández y Carlos Alberto Romero Fernández.

La investigación surgió tras una serie de denuncias, quejas y reclamaciones hechas por los inversionistas, al considerar que se estaba registrando un sin número de irregularidades en la administración de los recursos que involucran la entrega masiva de dineros a personas jurídicas mediante operaciones de captación o recaudo no autorizadas.

De acuerdo con el fiscal que investiga el caso, el objeto social de la compañía era el de la negociación mediante la compra o venta, endoso, cesión de derechos de títulos valores o cualquier instrumento negociable.

“Estas operaciones se realizaban a través del señor Rafael Saravia Pinilla, exejecutivo de Interbolsa, quien canalizaba los recursos para Gestiones Financieras S.A. a través de Isaher y CIA”, aseguró uno de los denunciantes en declaración juramentada a la Superintendencia Financiera.

Por su parte las hermanas Ramírez González supuestamente recibían el dinero de los inversionistas, ya fuera mediante consignaciones electrónicas, cheques, inmuebles y en algunos casos en efectivo, a cambio de prometedores rendimientos mensuales de acuerdo con la tasa de interés pactada.

De hecho se evidencian más de 320 denuncias entre las cuales, 59 inversionistas, reclaman $25.800 millones, que consideran les adeuda la entidad financiera. Sin embargo, la reclamación total de los acreedores supera los $130 mil millones, sostiene el documento de imputación de cargos.

Por esta razón, la Superintendencia suspendió las operaciones financieras a Móviles Financieros SAS., Global Datos Nacionales S.A., Inversiones Saravia y CIA., Isaher SAS., Morrocota Inversiones SAS., Operadores Financieros SAS. y Factoring Gestiones Financieras SAS., por estar vinculadas con la entidad investigada.

En conclusión, dice la investigación que  los inversores entregaban su capital  a la espera de rendimientos fijos, pagaderos mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio recibieran los títulos valores de soporte por esa inversión.

De la misma manera, se evidencia que el contenido de los contratos no tiene relación alguna con las operaciones que realizaba la entidad financiera.