ONG nacionales y extranjeras habían denunciado que la impunidad en esos delitos podría abrirle la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional.

Haber esclavizado y prostituido a menores de edad mientras fungió como jefe paramilitar admitió el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias Pablo Arauca o el Mellizo.
Mejía respondió así a la imputación de Janeth Niño Farfán, fiscal 22 de Justicia y Paz ante el Tribunal Superior de Bogotá, siendo la primera ocasión en la que la Fiscalía formula cargos por violencia sexual dentro del conflicto armado. La imputación cobija también a otros 9 desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca, cuyo comandante era Mejía.
De acuerdo con la Fiscalía las víctimas fueron nueve mujeres, en su mayoría menores de edad. Según los reportes de los investigadores, a Mejía también se le atribuyen más de 2.500 víctimas, en un total de 124 delitos cometidos entre el 2001 y 2005.
La audiencia de formulación de cargos continuará el lunes y en las próximas semanas se conocerá la sentencia condenatoria contra estos nueve paramilitares.

Mellizo
Mejía fue capturado el 2 de mayo de 2008 en Honda, Tolima, días después de que su hermano Víctor Manuel fuera abatido. Juntos eran conocidos como los Mellizos y lideraron la banda criminal de Los Nevados, tras fracasar en su intento por pasar como paramilitares desmovilizados en la zona de ubicación de Santa Fe Ralito, corregimiento de Tierralta, Córdoba. Fue extraditado a Estados Unidos el 4 de marzo de 2009.
Informes de inteligencia señalan que en 2001 los Mejía le pagaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 2 millones de dólares para tener a su cargo hombres entrenados y armados que utilizarían la mencionada sigla y fungir como comandantes paramilitares en Arauca, por lo que su franquicia se denominó bloque Vencedores de Arauca.

CPI
Información específica para abordar la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto deberán entregarle a la Procuraduría una serie de entidades públicas a más tardar el primero de marzo del año 2012. Así lo dio a conocer en diciembre el procurador Alejandro Ordóñez.
En noviembre, con motivo del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “quien agrede a una mujer nos agrede a todos, agrede el sentido de la dignidad humana, agrede la estructura de la familia, daña un miembro fundamental de la sociedad, a su capacidad de crecer, a su capacidad de aportar, de sembrar prosperidad”.
“Este es un compromiso formal, un compromiso radical, porque quien agrede a una mujer asesina el futuro”, agregó.
Pero, precisamente, el clamor de las organizaciones de mujeres es que ese compromiso se concrete.
Por ejemplo, las organizaciones que hacen parte de la campaña “Violaciones y otras violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, han manifestado la necesidad de que se adopten medidas urgentes y efectivas para prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
En la misma línea, Amnistía Internacional (AI) consideró que las autoridades les siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Esta situación de impunidad le podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), según se lo manifestó recientemente a EL NUEVO SIGLO la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Susan Lee.
La CPI, manifestó “tiene jurisdicción para abrir una investigación cuando es invitado por un Gobierno, o cuando un Estado no puede o no quiere asegurar que haya justicia para crímenes de lesa humanidad”; de modo que “en la medida en que el Gobierno colombiano no pueda o no quiera asumir esto” abre la posibilidad de que la CPI “intervenga”.