La situación de impunidad frente a los casos de violación de mujeres dentro del conflicto armado podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional.
Así se lo manifestó a este Diario la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Susan Lee, a propósito de su informe titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia”, según el cual las autoridades les siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

EL NUEVO SIGLO: ¿Si hay impunidad, podría intervenir la Corte Penal Internacional?
SUSAN LEE: Efectivamente. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para abrir una investigación cuando es invitado por un Gobierno, o cuando un Estado no puede o no quiere asegurar que haya justicia para crímenes de lesa humanidad.
En la medida en que el Gobierno colombiano no pueda o no quiera asumir esto, pues abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga.

ENS: Hablemos del informe…
SL: Este es el resultado de dos años de trabajo. Es el seguimiento a otro informe que publicamos en 2004, donde demostramos que la violencia sexual contra la mujer es un crimen generalizado y sistemático, y que todos los actores armados eran responsables.
Nos propusimos hacerle seguimiento para ver qué ha cambiado, mirando también al acceso a la Justicia, ¿cómo había sido la respuesta del Estado a su situación?
Y descubrimos que su práctica sigue siendo generalizada y sistemática, que lo siguen ejecutando todos los actores del conflicto y que la respuesta del Estado sigue siendo igual: sin resultados.

ENS: Pero hay impunidad también en otros casos…
SL: Lo que encontramos es que mientras la impunidad es un problema común en cuanto a todas las violaciones de los derechos humanos en Colombia, tanto en ejecuciones extrajudiciales como en desplazamiento forzado, en secuestro; sin embargo, en algunos casos sí se han llegado a lograr a sentencias contra los responsables, aunque, claro, no en todos los casos ni en la mayoría.
En contraste, en la situación de la violencia sexual contra las mujeres no hemos podido constatar ningún caso condenatorio.

ENS: En conclusión…
SL: Nuestra conclusión es que esta sigue siendo una práctica generalizada donde la impunidad es total.

ENS: ¿Vislumbraron causas para esa impunidad?
SL: Encontramos muchos obstáculos para el acceso a la Justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual por parte de los actores armados.
La mayoría no presentan denuncias, en gran parte porque no tienen las garantías para su seguridad ya que muchas viven en zonas rurales con presencia de los actores armados.
Y encontramos que las mujeres que sí se atrevieron a presentar denuncias han sido objeto de amenazas y de agresiones muy serias.
La ausencia de garantías de seguridad es un elemento dentro de las deficiencias del sistema judicial que se convierten en obstáculos para que las mujeres puedan denunciar.

ENS: ¿Ejemplos?
SL: Por ejemplo, hay el caso de una mujer que denunció y su caso está siendo atendido por un fiscal. Recibió amenazas muy graves por haber presentado la denuncia. Y esta otra denuncia está siendo investigada por otro fiscal. Pero esos dos fiscales no se hablan. Entonces no hay coordinación entre la misma Fiscalía.
Tampoco hay coordinación con Justicia y Paz para que la información que allí se consiga sirva para los casos de violación.
Se ve que el Estado les está fallando a estas mujeres.

ENS: ¿Es asunto sólo del Estado?
SL: Este crimen sigue siendo invisible. Pareciera que la sociedad colombiana no quisiera asumirlo y el Estado tampoco.
Además, este crimen está siendo tratado como un delito común, pero estos crímenes, por ser generalizados y sistemáticos, deben ser considerados e investigados como crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y eso no está ocurriendo.

ENS: Usted me mencionó Justicia y Paz…
SL: En las diligencias de Justicia y Paz ni siquiera les preguntan a los paramilitares. Les averiguan por robo de tierras, desplazamiento, homicidios, pero no les preguntan sobre violaciones; y ellos tampoco confiesan, porque no lo consideran un delito sino una forma de relacionarse con la comunidad.

ENS: Este Gobierno ha promulgado leyes como la de Víctimas. ¿No es un buen augurio?
SL: Colombia no requiere más leyes. El problema no es ese. El problema es la implementación y la voluntad política del Gobierno: que todo eso se respete. Tiene que mostrar resultados concretos.

ENS: ¿Cómo resumiría entonces la situación de derechos humanos en este Gobierno?
SL: Indudablemente es positivo que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos haya asumido otra actitud frente a los derechos humanos y la legitimidad, y no haya continuado la actitud de hostilidad del anterior Gobierno y del mismo presidente Uribe. Pero de ahí a que haya un cambio en la realidad en la violación de los derechos humanos como en el acoso y las agresiones contra los defensores de los derechos humanos, no se ha notado un progreso en ese sentido.