En medio de un clima de crispación política, la oposición venezolana impugnó ayer  por “cohecho, violencia y fraude”, los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, mientras que el presidente Nicolás Maduro arremetió contra la OEA y llamó a Europa a abrir los ojos sobre el "extremismo" de los anti-chavistas.

El secretario ejecutivo adjunto de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina, explicó que el recurso presentado fue por "cohecho, violencia y fraude" en todo el proceso electoral que dio vencedor al chavista Nicolás Maduro frente al opositor Henrique Capriles.

Gerardo Fernández, uno de los dos abogados constitucionalistas que acompañó a Medina, explicó que se trata de un recurso de más de 180 páginas en el que se demanda la nulidad total y la repetición de las elecciones del 14 de abril, en las que Maduro venció al líder opositor Henrique Capriles por 1,49 puntos porcentuales.

Capriles rechazó la auditoría del escrutinio que inició el Consejo Nacional Electoral sin incluir los cuadernos de votación, que la oposición considera clave para probar irregularidades en el proceso.

La oposición, que ya advirtió que desconfía de la independencia del sistema judicial y apunta a instancias internacionales, considera que durante los comicios ocurrieron unas 3.000 incidencias que afectaron la votación.

"No hay imparcialidad. Pero nosotros estamos obligados a ejercer todos los recursos y estamos obligados a agotar las vías que Venezuela nos da dentro de la legislación para poder acudir a instancias internacionales".

Sobre los tiempos para que el Tribunal resuelva esta impugnación, el dirigente opositor sostuvo que no no hay una fecha límite y que los siguientes pasos son notificar a las partes involucradas, dar paso al el proceso probatorio y emitir una decisión.

Días atrás, Medina explicó que Capriles podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de la que el gobierno venezolano decidió retirarse en septiembre pasado, pero cuya salida se hará efectiva en el plazo de un año.

Crispación postelectoral

Según el cronograma difundido por el CNE, desde este jueves hasta el domingo se organizará el material electoral que será auditado a partir del lunes, en un proceso que pese a ser solicitado por Capriles, no incluye una demanda clave de la oposición para demostrar supuestas irregularidades: la revisión de los cuadernos de votación, que contienen el padrón electoral y pueden demostrar que cada voto emitido corresponde a un solo elector registrado.

La impugnación se realizó en momentos en que la crisis postelectoral se avivó por una violenta sesión el martes en la Asamblea Nacional, en la que diputados chavistas y opositores se enfrentaron a golpes ante el rechazo de los detractores de Maduro a reconocerlo como presidente.

Antes del incidente, la mayoría oficialista negó el derecho a palabra a los opositores por no reconocer a Maduro, renovando un planteamiento realizado días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Diosdado Cabello.

En reacción, la Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a la "reflexión serena" y se ofreció a mediar entre ambos bandos para facilitar el diálogo.

"El que odia a su hermano es un homicida", dijo monseñor Diego Padrón al leer la postura de la Conferencia de la que es presidente, y agregando que las agresiones entre diputados "desnaturalizan la identidad del Parlamento y ponen en riesgo un ámbito esencial de diálogo, discusión y propuestas en una sociedad democrática".

Ayer, el diputado opositor Julio Borges, golpeado en el rostro durante la trifulca del martes, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra su par chavista Michele Reyes, "por la agresión sufrida" en el Legislativo.

"Cuando niegas en una democracia la palabra como lo está haciendo Diosdado Cabello, estás empujando al país a la violencia, pero le advertimos al oficialismo que no lo va a lograr", dijo Borges tras presentar la querella.

Pero Maduro acusa a la oposición de haber provocado la violencia en la Asamblea, que también despertó la "preocupación" de Estados Unidos.

El gobierno venezolano tildó además de "desmesuradas e injerencistas" las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien lamentó la "falta de diálogo" entre los venezolanos tras el incidente entre diputados../EL NUEVO SIGLO – AFP