El abogado general de Brasil, José Eduardo Cardozo, denunció una tentativa de "golpe de Estado", en la primera sesión de la Cámara de Diputados que examina un pedido de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.

Cardozo afirmó con vehemencia que no existía ninguna base legal para sacar del poder a Rousseff, acusada de maquillaje de las cuentas públicas, y advirtió que si eso llega a ocurrir, sería una "ruptura institucional".

"¡Eso es un golpe!", exclamó, levantando un tumulto en el hemiciclo, que el domingo dirá si considera que existen razones para abrir un juicio político a Rousseff.

Cardozo afirmó que la discusión sobre el "impeachment" (juicio de destitución) se debe a un deseo de "venganza" del presidente de la Cámara, el ultraconservador Eduardo Cunha, porque el gobierno no le había ayudado a evitar el proceso que la Comisión de Ética de la Cámara le abrió por presunta corrupción.

El año pasado, la fiscalía brasileña denunció a Cunha por corrupción y lavado de dinero vinculado a la escandalosa red de sobornos de la petrolera estatal Petrobras. El Supremo Tribunal Federal (Corte suprema) acogió la acusación en marzo y así Cunha se convirtió en el único político brasileño con fueros en ser juzgado por el máximo tribunal.

La Cámara de Diputados inició hoy el debate sobre un posible juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, abriendo uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Brasil.

La sesión empezó con la lectura del acta por el secretario de la Cámara, tras lo cual su presidente, Eduardo Cunha, anunció que estaría centrada en las acusaciones contenidas en un informe presentado la semana pasada.

Rousseff, de 68 años, está acusada de "crímenes de responsabilidad" por presunto maquillaje de las cuentas públicas y apertura de créditos extrapresupuestarios sin la aprobación del Congreso.

Las discusiones durarán hasta el domingo, cuando se someta a votación la moción de abrir un juicio de "impeachment" contra la jefa de Estado.

La apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la cámara -342 diputados de un total de 513- y la ratificación por el Senado.

En ese caso, Rousseff, de 68 años, sería separada del cargo y reemplazada por su vicepresidente centrista Michel Temer, de 75. Y Temer completaría el mandato, hasta fines de 2018, si los senadores declaran a Rousseff formalmente culpable en un plazo máximo de seis meses.

Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), perdió en los últimos días importantes aliados y la tendencia se decanta actualmente a favor de sus adversarios.

Según la encuesta del portal online del diario O Estado de S.Paulo, los partidarios del impeachment cuentan ya, desde el jueves por la noche, con los 342 votos necesarios para dar este paso en el que la mayor economía latinoamericana se juega su futuro a cara o cruz.

Los dos bandos convocaron a manifestaciones gigantes en Brasilia, para seguir la votación del domingo.

Para impedir incidentes, las autoridades tendieron una enorme valla metálica de un kilómetro, que arranca frente al Congreso y rasga la monumental explanada de los ministerios, en el corazón de la capital.

Los partidarios de Rousseff están concentrados dentro de un recinto deportivo junto al estadio mundialista Mané Garrincha, que el sábado podría recibir la visita de la propia presidenta.

- Fuerzas heterogéneas -

El impeachment cuenta con el apoyo de grupos heterogéneos, empezando por el partido PMDB al que pertenece Temer, que formó parte de prácticamente todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, desde el fin del régimen militar (1964-85).

También lo apoyan las poderosas cámaras de industria y de agricultura del país y los mercados financieros. Desde hace varias semanas, la bolsa de Sao Paulo ofrece el inusual espectáculo de festejar con fuertes alzas cualquier señal de que el gobierno está a punto de caer.

Rousseff, que en 2014 derrotó por escaso margen a Aecio Neves, del PSDB -el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)- bate desde entonces récords de impopularidad, bajo el fuego cruzado de una recesión económica que entra en su segundo año y del escándalo de corrupción de Petrobras, que puso bajo el foco de la justicia a muchos de sus aliados.

Entre ellos Lula, que nunca pudo asumir el cargo de jefe de gabinete, porque un juez del STF sospechó que su entrada al gobierno buscaba ante todo ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria que investiga si se benefició de sobornos que circularon por la estatal petrolera.

Rousseff niega haber cometido delitos que justifiquen su destitución, y denuncia una tentativa de "golpe de Estado" orquestada por Temer y por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB.

En una entrevista con medios brasileños, proclamó el martes su determinación de luchar "hasta el último minuto del segundo tiempo" para salvar su mandato.