Las autoridades colombianas deberían asegurar que los generales y coroneles contra quienes haya evidencias creíbles de que han participado en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos no sean ascendidos en la actual ronda de ascensos, señaló en un informe la ONG, Human Rights Watch.

En octubre de 2016, el Ministerio de Defensa divulgó las hojas de vida de los miembros de la Fuerza Pública que tiene previsto ascender. Entre estos se incluyen a al menos cinco generales o coroneles sobre quienes Human Rights Watch ha identificado evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en casos de “falsos positivos”. Una Comisión del Senado estará a cargo de evaluar los ascensos.

 “El Senado colombiano debería examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De lo contrario, se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no deben rinden cuentas por sus crímenes”.

En el informe El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles, de junio de 2015, Human Rights Watch presentó evidencias convincentes que sugieren que numerosos oficiales del Ejército, incluidos algunos que han sido postulados para ascensos, podrían tener responsabilidad penal por casos de falsos positivos. Además de los oficiales mencionados en el informe, Human Rights Watch ha examinado las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales iniciadas por la Fiscalía General de la Nación hasta diciembre de 2014 y ha advertido que brigadas comandadas por varios de los oficiales que se prevé ascender participaron en un número significativo de homicidios.

Los miembros del ejército que serían ascendidos y contra quienes existen evidencias plausibles de responsabilidad penal por “falsos positivos” son los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quienes serían ascendidos al grado de mayor general, y los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general.

El brigadier general Barrios Jiménez, quien se encuentra bajo investigación penal, estuvo al mando de la Octava Brigada del Ejército cuando esta presuntamente participó en al menos 19 interrogatorio—uno de los primeros pasos del procedimiento penal en el derecho colombiano— por su rol en estas ejecuciones.

El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo estuvo al frente del Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y julio de 2008. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando.