Anoche, el Consejo de Estado negó la medida cautelar de urgencia presentada por el senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, acción que era secundada por congresistas de los partidos La U, Polo Democrático, Centro Democrático y Liberal, con la que los legisladores pretendían que se suspendiera la subasta de las acciones que posee la Nación en Isagen.

 

De acuerdo a lo informado por el alto tribunal, la razón fundamental radica en el hecho de que en el proceso se está impugnando la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichas acciones y no los actos administrativos que regularon el procedimiento mismo o la validez de la eventual adjudicación.

 

 

Moción de censura

 

De otra parte, en el Congreso se empezó a mover la idea de impulsar una moción de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

 

La representante por Bogotá Angélica Lozano, de la Alianza Verde, trinó que “es justo que apliquemos moción de censura a Mauricio Cárdenas por inconveniente y caprichosa venta de Isagen. ¿Qué dicen las bancadas?”.

 

El concejal de Bogotá Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza Verde, manifestó que es altamente probable que la colectividad apoye la propuesta de Lozano, en tanto que la presidenta del Polo Democrático, Clara López, será una propuesta que se estudiará.

 

 

Advertencias

 

El procurador Alejandro Ordóñez, le advirtió al presidente Santos que la venta de la generadora de energía podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedentes en la historia del país.

 

Según Ordóñez, si el Gobierno insiste en vender a Isagen en las actuales condiciones “se perderían 2,37 billones de pesos, que representa el 0,46 de dólar menos que se pagaría por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno en el año 2013”.

 

En una carta, Ordóñez se refirió a los impactos de este proceso planteados por la Contraloría y específicamente a la presión que este proceso generará para las finanzas públicas, teniendo en cuenta el monto de los dividendos que dejará de percibir anualmente para la financiación del gasto público. En ese sentido, agregó que la pérdida de dichos ingresos, y su falta de sustitución por activos productivos que permitan el retorno inmediato de inversión, podrían generar el cobro de más impuestos a los ciudadanos.

 

Sin embargo, el ministro Cárdenas argumentó que “el reglamento operativo de la subasta permite” que haya un solo oferente. De igual manera citó el Decreto 1082 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que establece que “se puede adjudicar con una única oferta, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones”.

 

 

Única empresa en la puja fue investigada

 

La compañía canadiense Brookfield, la única empresa que está detrás de Isagen fue acusada de pagar a funcionarios para ganar permisos de construcción en São Paulo.

 

Según se supo ayer, la Fiscalía brasileña lleva varios años con la lupa puesta sobre Brookfield que es uno de los inversionistas en bienes raíces más grandes del mundo, la investigación inició a mediados de 2012 y la denuncia de haber pagado sobornos para ganar permisos de construcción se concretó en el 2013.

 

Sin embargo, la compañía ha negado los cargos y ha señalado que las denuncias provienen de la exdirectora financiera de la filial brasileña, Daniela González, quien fue despedida en 2010, según un reporte del diario Wall Street Journal.

 

La página financiera Business Wair señaló que la compañía también ha sido investigada por la Comisión de Bolsa y Valores del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posible violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

 

 

Voces de protesta más latentes

 

Tras conocerse la marcha atrás de Colbún, que según explicó la compañía obedece al aumento del precio mínimo por acción en un 21,5 por ciento, los senadores Álvaro Uribe, del Centro Democrático, y Jorge Robledo, del Polo Democrático, manifestaron su contrariedad con la operación.

Uribe tuiteó que es "ofensivo con Colombia" que Cárdenas haga el desafío de "vender a Isagen de cualquier manera, así haya un solo proponente".

 

Por su parte, Robledo trinó que la retirada de Colbún "demuestra que esa empresa nunca tomó la decisión de participar en la subasta de Isagen" y sacó varias conclusiones "graves" sobre la venta de la eléctrica.

 

"No hay subasta. Es una pantomima con un solo oferente, Brookfield, que pagará por Isagen el mínimo, con una pérdida enorme para el país", expuso el senador, quien consideró que "todo Gobierno sensato suspendería una subasta que es una farsa contra el interés nacional".

 

Entre tanto, La Red por la Justicia Tributaria en Colombia (RJTC) consideró "ridícula" la venta con un solo postor, pues "sería un negocio con burro amarrado y sería triste que la expropiación de Isagen quedara en manos de un canadiense, sin que haya puja ni contrapropuesta".

 

 

Hoy, jornada de protestas

 

A su vez los sindicatos, sectores políticos, organizaciones estudiantiles, indígenas y organizaciones sociales anunciaron que se movilizarán hoy en señal de protesta frente a la venta de Isagen.

 

La protesta consiste en un plantón frente a la Bolsa de Valores de Colombia, lugar en donde se realizará la subasta de la electrificadora.

 

El presidente de Sintraisagen,  Óscar Vallejo, afirmó que la protesta iniciará a partir de las 7 de la mañana y tiene como objetivo sentar un precedente y rechazar la venta de la empresa pública.

 

Simultáneamente, una protesta simbólica contra la enajenación de la generadora de energía ha sido promovida masivamente por Whatsapp y Facebook, para que a las 8 de la noche se apaguen luces y electrodomésticos.

 

Según el senador del Centro Democrático Iván Duque, “seguir adelante con la venta de Isagen es legitimar grandes errores que generarán detrimento patrimonial a la Nación. En la valoración se desconoció el patrimonio ambiental de la empresa, representado en los miles de hectáreas de bosques primarios y espejos de agua que hoy pueden generar ingresos en los mercados de captura y reducción de emisiones de gases efecto invernadero”.

 

“Lo más triste de la historia es que Isagen es una empresa rentable que le transfiere importantes recursos a la Nación, y que en los próximos años, con la entrada en vigencia de los nuevos proyectos, su aporte al Gobierno por la vía de repartición de utilidades superará los 250.000 millones de pesos anuales”, sostuvo.

 

 

¿Frenar la venta traería riesgos?

 

 

Pero para el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, frenar la venta de Isagen causaría graves implicaciones. “Significaría poner en riesgo el impulso al crecimiento económico del país en épocas de notorias dificultades fiscales o de vacas flacas, más aún si se tiene en cuenta que es precisamente el sector de la infraestructura el que ya está jalonando la economía nacional frente al decaimiento de la renta petrolera”.

 

Añadió que correría grave peligro la ejecución del programa de infraestructura más ambicioso de la historia de Colombia y cuya inversión demandará recursos cercanos a los 70 billones de pesos. Programa justamente diseñado para alcanzar los índices de competitividad por los que viene clamando el país hace más de cinco décadas.

 

Caicedo añadió que de no venderse Isagen, difícilmente podría fondearse a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y ello no solo pondría en riesgo la cabal ejecución del programa de concesiones viales de Cuarta Generación, sino también a las iniciativas privadas, consagradas en la Ley de APP.

 

A su vez, el exministro Juan Camilo Restrepo le dijo a EL NUEVO SIGLO que “independientemente de la venta de Isagen el Gobierno tiene que adelantar una política de mucha austeridad, y mejorar los ingresos tributarios”.

 

Para Restrepo, “no deja de ser una lástima que Colbún se hubiera retractado, porque para que hubiera una puja se necesitaban varios oferentes”.

 

Sin embargo, el exministro sostiene que es necesaria la venta de la generadora de energía para que la Nación mejore sus ingresos.

 

¿Ahora qué queda para vender?

 

Luego de que Isagen cambie de dueño, el Gobierno quedará con dos activos en sus manos, de  los cuales también podría prescindir en cualquier momento: Ecopetrol e ISA, que fue creada en 1967, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo con el fin de  interconectar diferentes regiones del país, y adelantar los grandes proyectos de generación de energía eléctrica para facilitar el desarrollo regional. Para los años 80 ya interconectaba casi todo el país con líneas de alta tensión a 220 Kv, y para inicios de los años 90 ya había desarrollado proyectos hidroeléctricos como Chivor, San Carlos, Jaguas, Calderas, interconectando el centro del país con el norte con dos circuitos a 500 Kv; igualmente fue la empresa que lideró las acciones para fortalecer el sector eléctrico, ante la crisis generada por el racionamiento presentado en Colombia en 1992.

 

El exministro Amílkar Acosta dijo que “ahora solo le queda al Gobierno su participación en ISA y Ecopetrol, y Reficar no porque hace parte de Ecopetrol”.

 

Para el analista económico Andrés Gaviria, la venta de Reficar no sería rentable porque valió más de lo que los inversionistas ofrecerían, en pocas palabras la calificó como “un elefante blanco”.

 

Cabe recordar que Refinería de Cartagena ha sido uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años en Colombia. Cerca de seis años de retraso tuvo la construcción y unos sobrecostos que, según informe presentado por la Contraloría fue de 4.022 millones de dólares.

Lo cierto es que pese a las críticas hoy será la subasta a 4.130 pesos  por acción de Isagen (unos 1,23 dólares).
La generadora de energía  tiene siete centrales de generación de energía, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, con una capacidad instalada de producción de 3.032 MW, que aportan el 16% de la energía que el país necesita.