Algunos congresistas de la Comisión Primera del Senado, donde será el debate, presentaron sus primeros reparos contra la propuesta del Ejecutivo.

LLEGÓ LA hora cero en el Congreso para el análisis de la polémica Reforma a la Justicia. Hoy, en la Comisión Primera del Senado serán discutidos los proyectos del Gobierno y del Consejo de Estado, recinto al que fueron invitados los magistrados de las altas Cortes para que defiendan su propuesta, que difiere ampliamente de la radicada por el Ejecutivo.

A la controversia desatada entre el Gobierno y las Cortes por temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la procedencia de la tutela contra sentencia judicial, entre otros, ya se sumaron las primeras opiniones de los integrantes de la Comisión Primera.
Ayer, el senador del Partido de La U, Roy Barreras, enfiló baterías contra la iniciativa radicada por el Gobierno.

"La Reforma a la Justicia presentada por el Gobierno está pensada más para las élites del poder que para los ciudadanos de a pie", declaró.

Barreras afirmó que buscará fortalecer la figura del arbitraje. "Voy a oponerme al intento de acabar con la conciliación que presentó el Gobierno y al contrario vamos a fortalecer esta figura y a hacer del arbitraje instrumento universal en todos los procesos", sostuvo.
Asimismo, afirmó que incluirá en la reforma, "todo un capítulo de justicia alternativa que verdaderamente descongestione y facilite la justicia al ciudadano".

Para Roy Barreras lo que "verdaderamente le importa a la gente es cómo tener acceso real y rápido a la justicia. Hoy los procesos son eternos, algunos pleitos duran 10, 15 años o más. Primero se muere la gente antes de que le resuelvan sus demandas y al final son los abogados los que se quedan con buena parte de los recursos del ciudadano. Por esa razón, vamos a incluir en la reforma todo un capítulo de justicia alternativa para hacer universal el uso de la conciliación, el arbitraje y la mediación".

Según el senador, en la actualidad "hay más de dos millones de procesos estancados, represados o perdidos en la maraña de la lentitud de la justicia, y esa inoperancia se traduce en impunidad y violencia. No vamos a dejar pasar la Reforma a la Justicia como oportunidad para ofrecerle una justicia más rápida y barata a los ciudadanos".

Entre las diferencias entre ambos proyectos, está que el primero de ellos (Gobierno) sugiere la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, mientras que el segundo (Cortes) propone una reingeniería, en el que los presidentes de las Cortes conformen su mesa directiva.

La iniciativa del Gobierno propone que la Corte Constitucional revise las impugnaciones contra las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mientras que la de las Cortes deja esa competencia sólo en manos de las plenarias de las dos últimas corporaciones judiciales.

De otro lado, el Ejecutivo quiere quitarles a las Cortes las funciones nominadoras del Procurador y Contralor General, y el Consejo de Estado contempla en su iniciativa retenerlas.

El proyecto presentado por las Cortes también incluye que exista la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura contra congresistas, en la que la Comisión Quinta del Consejo de Estado falle en primera instancia y la Sala Plena de la misma corporación, en segunda.

En la Comisión Primera del Senado también se espera que se acumule el proyecto de acto legislativo radicado por el senador Manuel Enríquez Rosero, que propone reformar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que, aunque seguirá adscrita al Congreso, estará integrada por magistrados.