Por lo menos una docena de iniciativas que habían quedado a la vera del camino en la anterior legislatura serán discutidas nuevamente. Es el caso de la objeción de conciencia y la venta de un 10 por ciento adicional de las acciones del Estado en Ecopetrol.

Algunas de ellas no avanzaron por lo polémicas que resultan; otras se hundieron por falta de debate dada la congestión legislativa que, por lo general, se ve en algunas comisiones, especialmente en las primeras; mientras que unas más fueron radicadas en un momento que talvez no era propicio, pero esta vez sus impulsores consideran que ha llegado la hora.

Un ejemplo de esto último es la iniciativa gubernamental para enajenar un 10 por ciento adicional del paquete accionario del Estado en Ecopetrol, recursos que serán orientados a la reconstrucción de la infraestructura, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

“Esos recursos estarán destinados a la reconstrucción de obras de infraestructura afectadas por la ola invernal, para inversiones en todo el país, bien sea servicios domiciliarios afectados, programas de riego, diques y jarillones para reconstruir y mejorar lo que destruyó el invierno”, dijo el funcionario.

Por esta vía el Gobierno nacional espera obtener recursos por 16 billones de pesos. Un primer 10 por ciento de las acciones estatales en Ecopetrol fue enajenado durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Esta iniciativa había sido radicada por el Gobierno nacional en agosto de 2011 pero meses después la retiró del Congreso, confiado en que podría adelantar esta enajenación por la vía del Decreto 4820, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.

Sin embargo, la prórroga de esta emergencia no superó el control constitucional, por lo que se cayeron varias normas, entre ellas la autorización para la enajenación de un 10 por ciento adicional de Ecopetrol.

Interrupción del embarazo

Nuevamente fue presentado un proyecto que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. En esta oportunidad se trata de una iniciativa de reforma para consignar en la Constitución que las mujeres pueden interrumpir el embarazo en las tres condiciones que hoy reconoce la Corte Constitucional sin que sea penalizado.

La iniciativa es de la representante Alba Luz Pinilla (Polo Democrático), quien indica que “elevando este derecho a rango constitucional, lo que queremos es que en los casos que ha establecido la Corte, no exista ninguna duda de que las mujeres pueden llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, sin ser objeto de sanciones penales con penas que actualmente van de uno a tres años”.

Desde los años 70 se vienen presentando sin éxito proyectos que van más allá de la iniciativa de Pinilla, pues han buscado legalizar el aborto en Colombia. En 1993, por ejemplo, la entonces senadora Vera Grave (Alianza Democrática M-19) radicó una iniciativa por la cual se definían y protegían los derechos de la mujer y se despenaliza la interrupción voluntaria del período de gestación.

Parejas del mismo sexo

Un proyecto para formalizar legalmente la unión de parejas del mismo sexo presentó el representante a la Cámara, Miguel Gómez Martínez (Partido Social de Unidad Nacional –La U). El Parlamentario recordó que el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio de 2013 para legislar sobre las uniones de las parejas del mismo, según dispuso la Corte Constitucional.

“Con el pacto de unión civil en Colombia podrán formalizar ante notarios y jueces de la República compromisos de amparo mutuo que pueden incluir una sociedad común patrimonial, recíprocas obligaciones alimentarias y derechos transferibles a pensión, salud y seguridad social”, explicó Gómez.

Una iniciativa en similar sentido para atender los requerimientos de la Corte Constitucional fue presentada en agosto de 2011 por el senador Armando Benedetti y el representante a la Cámara, Alfonso Prada.

Este proyecto, que no tuvo eco en su trámite legislativo, buscaba regular la unión de parejas del mismo sexo, creaba la figura de la unión civil, con los mismos efectos jurídicos del matrimonio, que solo procede para parejas heterosexuales.

“Es hora de que el Estado reconozca y vele por los derechos y obligaciones mutuas no solo de las parejas heterosexuales sino también de las parejas del mismo sexo”, dijo en esa oportunidad el representante Prada.

Objeción de conciencia

La Constitución del 91 consagra la objeción de conciencia para que los ciudadanos no sean obligados a proceder en contravía de sus creencias religiosas o morales; sin embargo en todo este tiempo no ha sido posible reglamentar esta figura porque varias iniciativas en ese sentido se han hundido en el Congreso.

Sin embargo en esta legislatura vuelve un proyecto, aunque específicamente para regular el derecho fundamental a objetar de conciencia el servicio militar obligatorio.

Esta iniciativa del senador Mauricio Ospina (Polo) ya cuenta con ponentes para su primer debate en la Comisión Primera del Senado, labor para la cual Jorge Londoño fue designado como coordinador ponente.

Una iniciativa de la senadora Maritza Martínez, también para regular la objeción de conciencia, se hundió en la pasada legislatura, a pesar de que en mayo pasado alcanzó a ser aprobado por la plenaria del Senado.

Conductores borrachos

En mayo pasado la plenaria de la Cámara hundió un proyecto que buscaba endurecer las penas a los conductores borrachos y negar el beneficio de casa por cárcel en caso de que hubiera muertos en un accidente.

Varios de los 44 parlamentarios que votaron en contra del proyecto justificaron su decisión al oponerse a crear un tipo penal autónomo. Incluso se trajo a colación que las cárceles están a reventar por el sobrecupo.

Sin embargo, la autora de esta iniciativa, la representante Gloria Stella Díaz (Movimiento MIRA), insistió en presentar este proyecto de ley.

“Con todo esto lo que se busca es crear una mayor conciencia y contribuir a la seguridad vial del país, porque en este año entre el 1 de enero y el 15 de junio, según la Policía Nacional, se presentaron 1.300 lesiones y 249 muertos en siniestros viales. La Institución impuso entre el 1 de enero y el 29 de junio 30.396 comparendos”, dijo la Parlamentaria.