En el  marco de la discusión de que los ex magistrados y ex congresistas accedan a pensiones de más de 15 millones de pesos (25 salarios mínimos legales vigentes), el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, denunció que en total hay 1.032 personas que se jubilan por un valor superior a este.

Y es que por más de seis horas la Corte Constitucional escuchó ayer los argumentos de los demandantes y la defensa en torno a este debate en el que el Ministro dijo que esto está generando una evidente inequidad el régimen pensional.

Argumentó que mientras dichas personas deducen más de 900 millones de pesos por parte del Estado y “mientras más alta la pensión, proporcionalmente más alto es el subsidio del Estado por eso no hay un efecto redistributivo en el sistema pensional”.

En las declaraciones expuestas ante la Corte Constitucional incluyó que tan solo en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonpecom) se registran cerca de 600 pensiones.

Es así que “la probabilidad de obtener una pensión para las personas que trabajan es muy baja pues el promedio es del 8,7 y 11%. Existe una inequidad y es evidente porque la mayoría de pensionados afiliados a Colpensiones reciben menos de dos salarios mínimos”, añadió Pardo.

En el caso de los ex funcionarios de la rama judicial, el lunes pasado se conoció que alrededor de 100 ex magistrados de las altas cortes, ex procuradores y ex fiscales superan el tope legal de salarios, por lo que ganan 15 millones de pesos o más.

La contralora General, Sandra Morelli también intervino ayer diciendo que del avance de liquidación de las mesadas pensionales “es necesario eliminar los viáticos, primas y demás ingresos que no aplican para el caso y que sí está generando un gran hueco fiscal.

“Vamos a tener un progresivo hueco que afectaría la sostenibilidad del régimen de prima media”, añadió.

Hace pocos días Morelli manifestó que “hay razones de interpretación sobre cuál es la base para liquidar la pensión, los índices que hay no son un tope para definir cuál es el monto pensional, más cuando los pensionados han aportado más durante su vida productiva”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras reiteró que se hace pertinente definir un régimen de pensiones unificado ya que “es un debate de fondo y resultaría más o menos consecuencial que cualquier sociedad aceptaría que el escenario ideal es que todos los adultos mayores tengan la oportunidad de obtener su pensión. Es mejor que no hubiese privilegios especiales que ofendan la equidad”.

 

Algunos nombres

 

El documento reservado que causó revuelo inmediato al ser conocido por algunos medios de comunicación, incluía nombres como el del ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Guillermo Bueno Miranda quien gana 19 millones 096 mil 560 pesos, lo cual superan en ocho salarios a los máximos permitidos, al llegar a 33.

También se cuenta al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Villamil Portilla quien tiene una pensión de 18 millones 112 mil 403 millones de pesos, es decir 31 salarios mínimos legales vigentes. Así como la ex fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Luz Hurtado Arango ganando 18 millones 754 mil 936 pesos o el ex presidente del Consejo de Estado Gustavo Eduardo Aponte Santos con 18 millones 101 mil 828 pesos, que superan los 31 salarios.

De otro lado, personas como el ex magistrado de la Corte Suprema Eduardo Adolfo, López Villegas está en el rango de los 30 salarios mínimos, lo que representan 17 millones, 355 mil pesos, al igual que la ex procuradora delegada para Derechos Humanos, Patricia Elizabeth Murica Páez, con 17 millones 228 mil 405 pesos, tal como lo informaron algunos medios de comunicación.

En otro escalafón están el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jesús Fernando Coral Villota con 27 salarios mínimos, lo que representan 15 millones 718 mil 209 pesos, como lo informó Caracol Radio a principios de semana.

Además se lee el nombre del ex magistrados del Consejo de Estado Rafael Enrique Ostau de la Font Pianeta con 17 millones 792 mil 875 pesos, así como Germán Antonio Buitrago Forero con 17 millones 757 mil 257 pesos y Héctor Januario Romero Díaz con 17 millones 757 mil 257 pesos.

En el rango de los 26 salarios mínimos están, según la cadena radial, el ex fiscal delegado Guillermo Ángel Rosero García con 14 millones 978 mil 185 pesos. Olga Patricia Castro de Cárdenas con 14 millones 956 mil 070 pesos. “Jaime Moreno García con 14 millones 877 mil 838 pesos ex magistrado ante el Consejo de Estado y María Esperanza Cristancho de Romero con 14 millones 847 mil 080 pesos ex procuradora delegada”.

 

Defensa

 

Cabe recordar que hace varios meses se destapó un escándalo por el nombramiento de magistrados que posteriormente fueron beneficiados con altas pensiones, una de las funcionarias que aún se encuentra en el ojo del huracán, Ira Lucía Olarte, secretaria General de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se declaró inocente nuevamente ayer.

Olarte, quien es investigada actualmente por la Procuraduría y la Fiscalía, indicó que “de las acusaciones que realizó la magistrada María Mercedes López sobre nombramientos irregulares en la Sala, como secretaria le puedo decir que esos nombramientos los realizaron los magistrados que son los que postulan, aprueban los nombramientos en la Sala y cumpliendo con los requisitos de ley. Ahí le puedo entrar a hablar del carrusel de pensiones  porque como secretaria lo que yo hago es verificar los requisitos de ley y cumplir con las órdenes que da la sala”.

Al referirse a los nombramientos, explicó a algunas cadenas radiales que “cuando se presenta una vacante, que no hay lista de elegibles, entran los siete magistrados a elegir provisionalmente un reemplazo, mientras se provee la vacante por carrera judicial”.

Siguió defendiéndose aduciendo que como en este momento empieza la fase preparatoria “soy inocente, el fallo no puede ser contrario a la verdad, yo no soy nominadora… Ahí es totalmente atípica mi conducta y la Fiscalía tendrá que demostrarme lo contrario”.

En marzo del año pasado la Contraloría presentó pruebas para que se ordenara el embargo a nueve magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por la contratación de 14 funcionarios y jueces que incrementaron sus pensiones en 450%.

 

La defensa

 

Germán Calderón España, el demandante afirmó ayer que el artículo 17 de la ley Cuarta de 1992 “estableció el régimen especial pensional para congresistas y va en contra de los principios de sostenibilidad fiscal e igualdad por lo cual debe declararse inconstitucional”.

Por ello manifestó que a pesar de que en varias oportunidades el mismo Estado y las altas cortes “han indicado que hay una escasez de los recursos públicos para hacer una reparación integral de las víctimas existe un grupo privilegiado que recibe una mesada pensional superior a la del 99% de los colombianos”.

Añadió que hay cerca de 45 millones de colombianos que deberían pensionarse con el salario base de los últimos 10 años laborados, “mientras que solamente para 800 congresistas y magistrados su pensión se establece bajo el 75 del último ingreso mensual”.

Adicional a ello, explicó que si una persona devenga toda su vida un sueldo de 3 ó 4 millones de pesos y hace aportes, “recibe una pensión en ese orden. Pero si tuvo la fortuna de trabajar como congresista o en las altas cortes recibe una pensión muy superior a los 17 millones de pesos. Estos subsidios superan el 80 por ciento de la mesada recibida”.

Por ello, llamó la atención para que se dejen de entregar más de mil pensiones que superan lo establecido en el artículo 17 de la ley Cuarta de 1992 “lo cual podría traer consecuencias en las finanzas del Estado en un futuro no muy lejano”.

“En los últimos meses se han presentado estudios que indican la necesidad de ahorrar cerca de 3.300 millones de pesos, por lo que estas pensiones especiales afectan dicha necesidad de ahorro”, añadió.

Opinión similar fue la hecha por otro ciudadano demandante Dionisio Enrique Araujo al afirmar que “no se puede dar un trato diferente y especial ya que esto que va en contra de los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos”.

Al cierre de esta edición, la decisión final si dicho régimen pensional cambiaba no se definía.

 

La baja cobertura

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Trabajo solo el 28,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 31,9% de los ocupados están ahorrando para su vejez.

 

Población Económicamente Activa (PEA)          22.824.681

Población en Edad de Trabajar (PET)                35.891.465

Ocupados                                                  20.555.411

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Cobertura total afiliados/PEA                            75,48%

Cobertura afiliados activos/PEA               28,71%

Cotizantes / Ocupados                              31,88%

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Cobertura total afiliados/PET                   48,00%

Cobertura afiliados activos/PET               18,26%

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Cotizantes al RPM/ Total de cotizantes     29,85%

Cotizantes al RAIS/ Total de cotizantes    70,15%

 

Comparaciones

Al hacer un comparativo y mostrar un panorama general de la situación, el Ministerio de Trabajo informó que, por ejemplo, en el caso de que una persona cotice durante toda su vida laboral (1.300 semanas) sobre un SMMLV, “ahorra 51 millones de pesos. El monto necesario para financiar su pensión de salario mínimo es de 139 millones de pesos (tasa de remplazo: 100%)”.

Luego, el Estado subsidia $88 millones (63%) y la persona aporta $51 millones (37%).

En el caso de que cotice durante los últimos 10 años de su vida laboral sobre 25 salarios mínimos “y el resto sobre 12,5 SMMLV, ahorra 730 millones de pesos. El monto necesario para financiar su pensión de 11,8 salarios mínimos ($6.939.859) es de 1.631 millones de pesos. (Tasa de remplazo: 55,1%)”.

Luego, el Estado subsidia 901 millones de pesos (55%) y la persona aporta 730 millones de pesos (45%).

 

Eliminación de privilegios

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa argumentó ayer que es más que necesario acabar con este tipo de privilegios puesto que los magistrados se deberían pensionar de acuerdo al promedio de su vida laboral.

“Yo creo que represento esa gran mayoría, quienes pensamos que los magistrados se deberían pensionar con el promedio del sueldo de los últimos años y no con el sueldo más alto del último año”, añotó.

En su consideración, el sistema pensional actual necesita de una reestructuración tanto de forma como de fondo ya que el modelo lleva 20 años y “hay que ver la historia, es la ley Cuarta de 1992 que aprobó el Congreso de la República, y los magistrados se han venido pensionando con esa ley durante todo este tiempo”.

Para Correa, hay que hacer una reflexión, “sobre lo que se viene y la economía, si hay que hacer cambios, se deben hacer sobre las pensiones que vienen, hay que hacer un alto en el camino”.