La contralora general Sandra Morelli ordenó investigar por qué numerosos ex magistrados disfrutan pensiones de $15 millones a $20 millones y más y no de $5 millones a $11 millones que normalmente les corresponderían. En términos normales, las pensiones aludidas costarían un total de $1.100 millones por mes. Pero como fueron liquidadas, aportan mensualmente $2.750 millones a sus beneficiarios. Se produce entonces un deterioro patrimonial para el Estado de $1.165 millones por mes que al año significan $13.980 millones.

Cifra no creíble
Los Gobiernos nacional y departamental sostienen que durante los últimos 10 meses han sido invertidos $247.000 millones. Los propietarios de tierras rurales anegadas a fines de 2010 y los habitantes urbanos de cinco municipios preguntan “¿dónde está la plata?”. Experiencias sufridas en los inviernos de los últimos 61 años les llevan a pensar que todo o una jugosa parte de ese dinero fue a los bolsillos de los políticos. La suposición no es toda justa. Su naturaleza condenatoria obedece en diversos municipios a experiencias de tres o cuatro decenios anteriores. Entonces sí hubo políticos que robaron el dinero asignado a obras y auxilios en las localidades inundadas. Hoy prevalece cierta honradez.

Hechos religiosos
Hago notar tres hechos. El sacerdote jesuita Javier Giraldo acrecentó la difusión de su libro que complace a los admiradores de las Farc. Fue detenido el párroco de Samaná, Caldas, a quien sus feligreses escuchaban a menudo referencias amistosas con las Farc. Por último, monseñor José Darío Monsalve, santo arzobispo de Cali, emitió frases que inspiradas en el cristianismo llevan a dudar si es sensato dudar que las Farc obren con nobleza.