En el mes de mayo de 2016 aproximadamente la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) se estaría pronunciando sobre las excepciones preliminares que en diciembre pasado presentó Colombia frente a las dos demandas que impetró Nicaragua. En este punto podría terminar el proceso o extenderse por dos años más, dependiendo el sentido del fallo.

Así lo explicó a EL NUEVO SIGLO el agente designado por nuestro país para representarlo en este proceso, Carlos Gustavo Arrieta. “Podemos tener a finales del semestre la decisión sobre las excepciones preliminares. Si las excepciones preliminares se fallan a favor de Colombia, ahí terminan los procesos”; sin embargo si en caso contrario la Corte Internacional de Justicia de La Haya considera que sí tiene jurisdicción “eso puede demorarse dos años más”, señaló.

El exprocurador General explicó que “son dos demandas, una por un supuesto incumplimiento del fallo del año 2012 y otra es la que se reclama por más plataforma continental extendida. En las dos se presentaron excepciones diciendo que la Corte no era competente, en las dos por razones distintas, y la Corte debe pronunciarse ahora en mayo sobre eso”, dijo.

En octubre pasado, culminaron en la Corte Internacional de Justicia  las audiencias preliminares por las dos demandas que esa nación presentó contra Colombia por el supuesto incumplimiento del fallo de 2012, que le entregó una importante porción de mar, y otra en que aspira extender su plataforma continental. Nuestro país reiteró su postura que ese Tribunal no es competente para este caso.

Además el equipo de defensa de Colombia dijo en La Haya que los argumentos presentados por Nicaragua contienen errores, contradicciones y descontextualizaciones.

 En este sentido argumentó que Nicaragua “planteó ante la Corte una interpretación errónea del Pacto de Bogotá para consolidar su aspiración de que este Tribunal pueda asumir una competencia que no tiene” frente a la demanda por medio de la cual pretende extender su plataforma continental más allá de las 200 millas.

Frente a la segunda demanda  en que pide a la Corte controlar el supuesto incumplimiento del fallo de 2012, Colombia ratificó que esta  aspiración de Nicaragua “es una pretensión sin fundamento en el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte, con la cual busca atribuirle a este Tribunal funciones que le corresponden a otras instancias en el ámbito internacional”.

Adicional a ello el equipo de defensa de Colombia censuró que Nicaragua se valiera de las expresiones de decepción y repudio que produjo el fallo entre los colombianos y sus autoridades, “para presentarlas como la causa de una controversia que nunca ha existido. El aprovechamiento nicaragüense de la reacción colombiana es un recurso ajeno al derecho internacional”.

<INTERTIT>Argumentos ‘nicas’

En su intervención en octubre anterior al cierre de la etapa de alegatos, Nicaragua señaló su disposición de materializar con Colombia un acuerdo para el cumplimiento del fallo de 2012 de la CIJ, pero aclaró que el mismo no es negociable.

 El agente y embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, dijo en su presentación que "Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas", por lo que solicitó a la CIJ que rechace las objeciones de nuestro país.

 Argüello expresó que Nicaragua está decidida a suscribir un tratado, pero el diplomático aclaró que "Nicaragua nunca ha estado de acuerdo en negociar la sentencia de la Corte" del año 2012.

El país centroamericano también defendió su tesis según la cual la CIJ es competente para conocer sobre la demanda que presentó en 2013, buscando extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa, que de ganar le permitiría obtener mar colombiano, adicional a los cerca de 90 mil kilómetros cuadrados que consiguió con el fallo de 2012.

 Nicaragua señaló que debía transcurrir un año a partir de que Colombia denunciara el Pacto de Bogotá, lo hizo el 27 de noviembre de 2012, para que terminara la competencia de la CIJ frente a nuevas demandas, y los nicaragüenses la radicaron el 26 de noviembre de 2013.

 Frente a este punto el equipo de defensa de Colombia, conformado por su agente, el coagente y los asesores legales internacionales, argumentó que no reconoce la competencia de la CIJ para resolver sobre esta demanda porque de manera oportuna denunció el Pacto de Bogotá con efecto inmediato.

 Además, Colombia indicó que al momento de Nicaragua presentar la demanda ante la CIJ, no existía una controversia entre los dos países, requisito exigido inclusive, por el propio Pacto de Bogotá.

En el marco del turno que le correspondió a nuestro país para presentar sus alegatos ante la CIJ, el agente Carlos Gustavo Arrieta explicó que Colombia aceptó el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012 y que la Corte Constitucional ordenó su incorporación al derecho colombiano por medio de un tratado. Reiteró que Colombia está dispuesta a buscar una solución diplomática.

<INTERTIT>Disposición

Tras el término de las audiencias preliminares en octubre pasado en La Haya, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo que hay disposición de las dos naciones para negociar un acuerdo que le dé aplicación al fallo de la CIJ por medio del cual fijó un límite marítimo.

"Luego entrar al proceso de una negociación de un tratado es lo que hay que hacer. En eso hemos conversado informalmente con Nicaragua y eso es lo que seguramente, es lo que se va hacer", dijo Holguín.

Añadió que el Gobierno no puede modificar los límites territoriales por decisiones de tribunales internacionales sino que debe ser producto de un acuerdo que debe ser ratificado por el Congreso colombiano.

 Holguín destacó que Nicaragua "reiteró permanentemente también su actitud de sentarse a iniciar un diálogo con Colombia para negociar el tratado", así como puso de relieve que "si uno oye esas audiencias, los dos están diciendo sentémonos y empecemos a hablar de ese tratado que habría que firmar".