“Uno de las grandes inconvenientes del hacinamiento son las solitudes de libertades que hay en los despachos de la Rama Judicial”, manifestó ayer el defensor del Pueblo, Armando Otálora.

Ante esa situación, Otálora consideró que “el papel de la Defensoría del Pueblo, a través de los defensores públicos, es acudir a todos los mecanismos jurídicos y a todas las herramientas que tengamos. Una de ellas serían las peticiones de libertad correspondientes o de detenciones domiciliarias y adelantar los trámites correspondientes”.

Incluso advirtió que, de ser necesario, su despacho acudirá a la tutela con el fin de otra forma se tomen decisiones para descongestionar los centros penitenciarios.

Otálora cuestionó la ausencia de una política criminal coherente frente a la situación carcelaria del país, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, destacando como especialmente grave el hacinamiento del Buen Pastor y La Modelo, donde la superpoblación ya superó el cien por ciento.

El funcionario le pidió al Gobierno hechos concretos frente a la crisis carcelaria, signada por el hacinamiento y la falta de acceso de los defensores a los reclusos.