Buscar una solución de fondo ante la situación de hacinamiento en cárceles, Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), pidió la Veeduría Distrital.

Según Adriana Córdoba, titular de ese organismo, lo que se busca es no vulnerar los derechos de los más de 14 mil ciudadanos privados de la libertad.

Las URI son responsabilidad de la Fiscalía y del Gobierno nacional, son lugares de paso, se convirtieron en centros de reclusión.

Para la Veeduría Distrital es lamentable la situación, pues mantienen en condiciones infrahumanas a cerca de setecientos ciudadanos privados de la libertad, sin que hasta ahora se vislumbre una solución estructural en el inmediato, mediano y largo plazo.

Este nuevo llamado de la Veedora Distrital se hace en momentos en los que el paro judicial completa más de 60 días y la situación de hacinamiento en las URI y de las cárceles es cada vez más incontrolable.

La sobrepoblación en la UPJ y las URIS es del 95%, por cuanto tienen una capacidad instalada de 355 cupos y hoy hay 691 personas privadas de la libertad.

“Es imperante que el Gobierno nacional asigne recursos y con el apoyo financiero y político de los gobiernos Distrital y Departamental entren a solucionar este grave problema de hacinamiento. La ciudad y la región tienen una bomba de tiempo que en cualquier momento puede afectar la seguridad de los ciudadanos”, dijo la Veedora Distrital, quien desde comienzos de año ha insistido en la necesidad de tomar medidas estructurales como reconstruir las cárceles Modelo y Buen Pastor, tal y como se hizo con la Cárcel Distrital, construir una cárcel regional en un municipio de Cundinamarca y si se va a ampliar la  capacidad de La Picota, se debe contemplar un plan de regularización que afecte lo menos posible a las comunidades circunvecinas y a la ciudad en general.

Vale mencionar que las cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor presentaron a junio de este año un hacinamiento de más de tres mil internos, es decir un 34,2%.

Esta situación, además de vulnerar todos los derechos de los más de 14 mil ciudadanos privados de la libertad, afecta la seguridad de las comunidades vecinas de las cárceles, de las URI y de la ciudad en general, en la medida en que se dejan de realizar detenciones porque no existen lugares dónde recluir a los delincuentes y violentos.

“Existen altos riesgos de fugas masivas, desastres como el incendio de la Cárcel Modelo de Barranquilla o riesgos sanitarios por epidemias en los centros de reclusión y para la ciudad, como las que se presentaron hace algunos meses en La Picota de tuberculosis y varicela”, agregó la veedora Córdoba.

La funcionaria dijo que resulta aún más preocupante la situación de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) del Distrito, en la medida en que fue creada para proteger ciudadanos por no más de 24 horas y hoy en día está siendo utilizada para tener por varios días y meses a sindicados y condenados por delitos y no contraventores de las normas de convivencia, como era el objetivo de esta Unidad. Las salas de retención de la UPJ no están diseñadas para tener detenidos de alta peligrosidad y el Inpec no ha recibido las personas que se encuentran con condenas en la UPJ.

“Se está cambiando una medida de protección a la ciudadanía por solucionar el problema de hacinamiento en cárceles y URI, que es responsabilidad de la Nación”, explicó la Veedora Adriana Córdoba.

En la visita que la Veeduría realizó a la UPJ se encontró que el hacinamiento y uso inadecuado de la Unidad ha provocado el taponamiento de las cañerías y las aguas negras se rebosan hacia el primer piso. Esto llevó a Salud Pública del Distrito a clausurar estas áreas de retención desde el 11 de septiembre de 2014, sin embargo, haciendo caso omiso, hoy se siguen utilizando para retener a más de 180 personas.

A juicio del ente de control, hay que decretar emergencia sanitaria en la UPJ y las URI para que los funcionarios del Inpec permitan el ingreso a las cárceles de Bogotá de los sindicados y condenados que se encuentran en estas instalaciones y los jueces definan rápidamente la situación de algunos ciudadanos que no irían a las cárceles. “La emergencia sanitaria, que se puede aplicar para las cárceles hacinadas, les permite a los gobiernos nacional y distrital asignar recursos para solucionar este problema en el mediano y largo plazo”, reiteró Adriana Córdoba.