Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Constitucional se han ocupado del caso de San José de Apartadó.

Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO

Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Constitucional se han ocupado del caso de San José de Apartadó.

A PESAR de que los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo han declarado su autonomía en el conflicto armado que se vive en el país, sus territorios, especialmente en el departamento del Cauca, son zona de combates. Frente a ello algunas organizaciones del norte de este departamento han anunciado que con sus propias manos desmontarán las trincheras de la guerrilla y las bases de la Policía y el Ejército.

De materializarse esta iniciativa, aunque por otro camino atendiendo a la autonomía de los territorios indígenas, se estaría replicando el modelo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que en 1997 en esa región del Urabá tras más de 12 años de asesinatos de campesinos a manos de los actores armados ilegales, sus pobladores decidieron declararse neutrales y rechazar la presencia en ese territorio de guerrilla, paramilitares, Ejército y Policía.

El 19 y 20 de julio pasado, mientras que en Bogotá el presidente Santos instalaba la segunda legislatura del Congreso, en el municipio de Toribio, semidestruido por las Farc, pueblos indígenas del Norte del Cauca tomaron la decisión de desmilitarizar por cuenta propia sus territorios.

Señalaron que en los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones que luchan por la paz, iniciarán acciones hacia el desmonte de los campamentos de las Farc y bases de la Policía y el Ejército, que se encuentran en medio de la población civil.

Al respecto el director de la Asociación Minga (ONG que promueve la defensa de los derechos humanos), Camilo Castellanos, señaló que los territorios indígenas son bienes culturales y es parte del Derecho Internacional Humanitario; además que la declaración universal de los pueblos indígenas establece que para desarrollar operaciones militares en sus territorios se requiere el consentimiento de estas etnias, los cual en el caso colombiano no es atendido por el Estado ni la insurgencia: “El problema es que la principal víctima de la guerra en el norte del Cauca son los indígenas y ellos han tomado la decisión de desmilitarizar sus territorios y van a proceder a eso”.

Castellanos explicó que esta acción de los indígenas del Cauca no se puede emular al modelo de San José de Apartadó. “Ellos ejercen la autonomía de los pueblos indígenas, ellos no reivindican el concepto de neutralidad ni el concepto de comunidad de paz, ellos piden que sus territorios sean libres de la presencia de actores armados”, anotó.

Según organizaciones indígenas del Cauca, en 2011 estos pueblos han sido víctimas de acciones de los actores armados que cobraron la vida de al menos 20 personas, más de 130 han sido heridos, afectando 652 bienes civiles y con pérdidas materiales cercanas a los 1.900 millones de pesos.  

Sustento jurídico

Al día de hoy se mantiene la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la que habitan cerca de 1.500 personas. A pesar de la neutralidad que han declarado ante el conflicto, en sus 14 años de existencia han sido asesinadas cerca de 200 personas a manos de guerrilla y paramilitares.

La comunidad está regida por un comité de siete miembros que entre otras funciones se ocupan de vigilar que se cumplan sus principios básicos: no participar directa ni indirectamente en las hostilidades, no portar armas ni explosivos, no brindar apoyo a las partes en conflicto y comprometerse a participar en los trabajaos comunitarios.

La conformación de estas comunidades además de la voluntad de sus pobladores tiene un sustento jurídico, según Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas: “El sustento jurídico ha sido reconocido tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Constitucional colombiana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas de protección a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y en varias de las resoluciones que ha adoptado desde el año 2000 hasta hoy, ha hecho un reconocimiento del derecho a establecer unas zonas neutrales como comunidades de paz”.