Todo parece indicar que en el primer semestre de este año se producirán dos elecciones de gobernador en el país. En el Huila ya es un  hecho ante la suspensión de la mandataria Cielo González. Mientras que el titular del Casanare, Nelson Mariño, fue destituido por la Procuraduría y su única esperanza para mantenerse es la apelación que presentó.

Ya el año anterior el presidente Santos se vio en la necesidad de convocar a elecciones el 1º de julio en el departamento del Valle, tras la suspensión definitivados meses antes de Héctor Fabio Useche por una decisión de la Contraloría General, al encontrarlo responsable, junto con otros funcionarios del Departamento, de un detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos que se presentó unos años antes en la Industria de Licores del Valle en un contrato para hacer publicidad a varios de sus productos, cuando fungía como representante del entonces gobernador en la Junta Directiva de esta entidad.

La segunda cabeza que rodó de los gobernadores elegidos en octubre de 2011 y que se posesionaron los primeros días de 2012, fue la de Cielo González Villa en el departamento de Huila, quien fue suspendida por la Procuraduría General tras ajustar tres sanciones disciplinarias en su contra, todas por actuaciones cuando se desempeñó como alcaldesa de Neiva.

Obrando en consecuencia, el miércoles de la semana anterior el presidente Santos designó como gobernador (e) a Luis Guillermo Vélez, actual Superintendente de Sociedades, mientras que el Partido Social de Unidad Nacional (La U) presenta una terna para designar un mandatario encargado de ese color político, según lo establece la normatividad.

EL NUEVO SIGLOconoció que solo hasta finales de la próxima semana el Partido de La U integraría la terna que le presentaría al Gobierno para que proceda a escoger a quien ocupara el lugar de González mientras que se convoca a nuevas elecciones.

Sin embargo, González se resiste a dar su brazo a torcer y presentó una tutela contra el fallo de la Procuraduría, alegandoviolación al derecho a la defensa, contradicción, igualdad y el debido proceso.

Independientemente de ello se conoció que el Gobierno nacional solo está a la espera que La U presente la terna para expedir el decreto correspondiente al mandatario (e), en el cual también fijará la fecha para la elección atípica de gobernador del Huila, que la ley establece debe ser en los 60 días siguientes. Es decir que esta elección se estaría celebrando entre marzo y abril de este año.

Casanare

En tanto que el gobernador del Casanare, Nelson Mariño, sigue en el cargo a la espera de que la Procuraduría en segunda instancia defina una apelación al fallo por el cual el pasado 4 de diciembre el organismo de control lo destituyó por presuntas irregularidades en contratación y lo inhabilitó por 14 años para el ejercicio de cargos públicos.

La Procuraduríaencontró responsable a Mariño de las irregularidades que se presentaron en un convenio de asociación con la Caja de Compensación  Familiar de Casanare para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes de ese departamento para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo.

El fallo disciplinario, proferido en audiencia pública, señala que el Mandatario suscribió de manera directa, a través de convenio de cooperación con la entidad Comfacasanare,  un contrato para “la preparación y distribución de almuerzos escolares para 62.985 estudiantes de las instituciones educativas del departamento”, pese a que no se cumplían los requerimientos legales para contratar.

Se espera que a más tardar en febrero próximo la Procuraduría resuelva la situación de Mariño, que de resultar contrario a sus intereses significará su salida inmediata del cargo. En ese escenario el Presidente convocaría a nuevas elecciones en Casanare, seguramente antes de junio de este año.

Finalmente, el gobernador del Chocó, Luis Murillo, fue apartado del cargo de forma temporal desde octubre pasado, cuando el Consejo de Estado dejó en firme un fallo de primera instancia de la Sección Quinta del alto Tribunal de julio de 2012.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acto administrativo que declaró la elección de Murillo como gobernador por una condena que le fue impuesta al mandatario en 2003 por el delito de peculado por asignación, lo que lo inhabilitaría.

En este momento, el Consejo de Estado está a la espera de que el Tribunal Administrativo de Chocó defina una apelación que se presentó contra un fallo que profirió en noviembre pasado a favor del gobernador.