Los resultados contra la microextorsión, que se ha convertido en una pesadilla, no solo para quienes la padecen, sino para las autoridades, han permitido que en lo corrido de 2014 se hayan capturado 2.424 personas señaladas de lucrarse a través de este delito.

Uno de los últimos golpes propinados por el Gaula fue contra la denominada banda de Los Usmeños, cuyos integrantes están acusados de extorsionar a 27 conductores informales, a quienes les exigían entre 15 y 30 mil pesos diarios.

La red fue desarticulada gracias a que se logró infiltrar a un agente, que se ganó la confianza de los cabecillas, quienes fueron capturados en seis operativos simultáneos, en el sur de Bogotá.

Pedro Díaz, Juan Torres y Luis González, junto con otros 24 conductores informales de servicio público salían desde las cuatro de la mañana para trabajar en las localidades de San Cristóbal Sur y en Usme, pero tenían que “pagar” una cuota diaria para no ser blanco de atentados contra sus vidas o las de sus familiares y para que sus vehículos no fueran atacados y convertidos en chatarra.   

El director del Grupo Gaula de la Policía, coronel Fabio López, explicó en el diario EL NUEVO SIGLO que la extorsión se ubica en delitos contra la propiedad o el patrimonio y se caracteriza por la violencia y el poder de intimidación que utilizan los criminales para someter o afectar la voluntad de la víctima.

“Casi siempre la víctima de una extorsión es sometida a llamadas o correos amenazantes y a la intimidación en el sentido que si informa a las autoridades puede ser blanco de una acción criminal e incluso los ataques pueden ser extensivos para con sus padres, esposa e hijos y demás seres queridos”, dijo.

El oficial señaló que los conductores informales venían sufriendo un daño directo de tipo psicológico, moral y patrimonial.

El oficial señaló que “de acuerdo con la información de los 27 conductores víctimas de Los Usmeños  utilizaban el transporte informal como una alternativa laboral efectiva que además permite a las familias de diferentes comunidades desplazarse hacia sus domicilios, lugares de trabajo, centros de educación y diferentes sitios, en zonas que carecen de cubrimiento por parte del servicio de transporte público urbano”.

Contó que conoció que “en este sentido, localidades como San Cristóbal y Usme, en Bogotá, registran alta incidencia de este fenómeno, debido a diferentes factores que dificultan el acceso a barrios como Compostela y Juan Rey, situación que es aprovechada por la delincuencia común, para generar rentas ilícitas a manera de impuesto, a cambio de permitir a conductores informales ejercer su actividad en el sector”.  

Los conductores y propietarios de vehículos particulares que utilizan el transporte informal para ganarse el pan de cada día eran abordados discretamente por los conocidos “calibradores”, pero no para brindarles información sobre la diferencia de horario y recorrido de buses, busetas y de otros vehículos, sino para recordarles el pago de la “cuota diaria”.

 

Testimonios

Pedro Díaz, uno de los afectados explicó que “el daño psicológico y moral es muy grave, porque uno sabe que sale a su trabajo, pero no sabe si regresa, pues el vehículo se puede varar y no conseguir ni siquiera para el diario de la casa, mucho menos para pagar los 15 mil o treinta mil pesos que debemos cancelar religiosamente cada 24 horas a los ‘calibradores’, de acuerdo con el modelo y capacidad de transporte, carro con el que se trabaja”.

“Si uno no paga y aduce que se varó, entonces la cuota se incrementa, pues no tiene rebaja por ningún motivo, así a los extorsionistas les conste que el vehículo fue estrellado o simplemente sufrió una avería y es necesario someterlo a las reparaciones de rigor y en otra de las instancias llevado a los patios por alguna infracción de tránsito”, explicó Díaz.

Otro de los conductores, Luis González, reveló que “tuvo su vehículo en el taller por espacio de un mes por una avería en el motor y para poder salir a trabajar acudió a la caridad y a préstamos para cancelar los 450 mil pesos que adeudaba a pesar de estar fuera de circulación”.

“Uno de los cabecillas de la red de extorsionistas me dijo: “Aquí paga la cuota o se queda sin carro y sin trabajo y si le da por contar a la Policía que nosotros cobramos esta módica cuota para que puedan laborar, entonces se puede estar muriendo...usted y cualquiera que se vuelva sapo”, narró González.

El coronel López reveló que por fortuna una persona cercana a los conductores al verlos agobiados, angustiados y temerosos por las exigencias diarias, “se comunicó con el Grupo Gaula de la Policía Nacional y narró la tragedia que vivían los 27 ciudadanos”.

El oficial explicó que debido a que la red criminal estaba dedicada a la extorsión en la modalidad de menor cuantía, es decir, la microextorsión, con injerencia en los barrios Juan Rey y Compostela de las localidades de San Cristóbal y de Usme, en la capital del país, se diseñó una estrategia de “infiltración” para identificar a cada uno de los integrantes de la organización al margen de la ley y así lograr su judicialización.

“Varios de nuestros agentes de inteligencia fueron desplegados en  los barrios Yomasa, Compostela y Juan Rey, unos como –calibradores–, mientras que otro asumió el papel de conductor informal”, anotó.

Dijo que “nuestro agente conductor encubierto empezó sus recorridos tranquilamente, claro está, protegido por otros investigadores encubiertos en motocicletas y otros vehículos que circulaban a prudente distancia, listos para reaccionar e intervenir en caso de emergencia”.

 

El trabajo

Precisamente, EL NUEVO SIGLO contactó al Policía encubierto que fungió como conductor para lograr penetrar a la red criminal.

“Cuando ya llevaba unos diez días en la ruta informal fui abordado por uno de los integrantes de la banda que rápidamente me señaló que si quería trabajar en esa ruta de Ciudad Bolívar y de Usme, entonces tenía que cancelar la módica suma de 30 mil pesos diarios, por cuanto el carro tenía buena capacidad de transporte de pasajeros y además era de un modelo relativamente nuevo”, indicó.

Recordó que “la exigencia económica no vino sola, pues me fue advertido que si  no cancelaba debía atenerme a las consecuencias, es decir, sufrir graves lesiones físicas e incluso la muerte y el carro podría sufrir también graves daños, ser incendiado o simplemente podría desaparecer”.

Expresó que “a pesar que uno como investigador del Grupo Gaula de la Policía recibió una exigente preparación física, psicológica y todo un proceso de investigación, no deja de causar preocupación por lo que se está haciendo a pesar que uno sabe que está trabajando para enviar a la cárcel a unas personas que están delinquiendo y atormentando a honestos trabajadores que para cumplir con las extorsiones dejan de llevar el pan a su casa”.

Reconoció que “este trabajo fue muy difícil y dispendioso, pues a pesar que trabajaba como conductor y estaba protegido las 24 horas del día, los delincuentes me miraban con desconfianza y por esta razón tenía que ir pagando tranquilamente y además agradecerles el que me dejaran trabajar esta ruta y por supuesto ir ganando la confianza de los bandidos”.

“Los otros conductores no me atendían, estaban temerosos porque eran blanco de las exigencias económicas de los antisociales. Además debían pagar cien, doscientos o trescientos pesitos en cada ubicación de los llamados calibradores, los de verdad, que realmente sí viven de este oficio”, recordó.

El agente secreto explicó que los microextorsionistas de los conductores informales eran siete y que su cabecilla era una persona mayor conocida como Andrés, quien era sumamente meticuloso en cada paso que daba.

Expresó que “volverme amigo de los criminales no fue una tarea fácil, porque no se puede dar un paso en falso, pues la vida de uno está en el filo de la navaja. Si uno da un paso en falso o hace alguna llamada rara o habla en clave o actúa en forma sospechosa y es detectado, entonces queda en el ojo del huracán y puede ser blanco de un ataque con armas de fuego o con armas blancas y pasa uno de investigador a investigado”.

A la décima semana, contó “ya sabía que la red se autodenominaba Los Usmeños y realizaba cobros extorsivos a los 27 transportadores informales, con sumas diarias que oscilaban entre 15 y 30 mil pesos por vehículo, a fin de permitirles trabajar en el sector”.

Acotó que “la banda de -Los Usmeños- específicamente delinquía en el sector comprendido por las rutas de transporte informal Yomasa-Compostela, Yomasa-Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal Sur, con epicentro en sitios de alta afluencia de población, establecidos como paraderos por los conductores, así: Desde la carrera 2º este por la calle 80A sur, hasta el sector de Compostela; desde la calle 80A por la carrera 2º este sur, hasta el sector de Juan Rey, localidad de San Cristóbal”.

El investigador precisó que “con el correr de los días, semanas y meses, fui ganando la confianza de otros conductores y de los mismos extorsionistas, ya que esa era la idea para conocer en forma detallada a cada uno de los delincuentes y poder elaborar un expediente en su contra”.

“Andrés Caballero, alias Andrés, era el máximo cabecilla de la banda, quien recibía mensualmente un promedio de 18 millones 450 mil pesos producto de las extorsiones.

Recordó que alias Esgar, el segundo cabecilla y alias Orlando, tercer cabecilla, se encargaban de realizar las exigencias económicas de manera personal y mediante llamadas telefónicas, so pena de no permitir a los afectados prestar el servicio de transporte informal e incluso de atentar contra su integridad física”.

Señaló que “mientras tanto, Luz Álvarez, alias Luz, quien en compañía de los alias Javier, Camacho y Alirio, recibían los pagos en paraderos y locales comerciales en tono amigable y para no despertar sospechas”.

Agregó que “cuando terminamos la investigación, todos en el Gaula sentimos un gran alivio y además recibimos felicitaciones de mi general Humberto Guatibonza y de mi coronel Fabio López y en general de los altos mandos. Fue emocionante salir avante en otra de las muchas investigaciones que llevamos a feliz término”.

Plan Padrino

El coronel López explicó que “para el desarrollo de la investigación contra Los Usmeños se diseñó un completo y detallado ‘plan padrino’ para las localidades víctimas del accionar criminal, gracias a un proceso de operaciones básicas y especializadas de inteligencia, mediante operativo efectuado por personal del Área de Inteligencia, Judicialización por parte del Área de Investigación Criminal y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, GOES y el  GAULA Bogotá”.

Agregó el director del Grupo Gaula de la Policía, coronel López, que “en lo que va del año la institución ha logrado desarticular 72 bandas dedicadas a la extorsión y capturar a 2.424 delincuentes. De estas capturas el 86% es atribuido a delincuencia común, el 9% a las Farc y el 4% a bandas criminales al servicio del narcotráfico”.