Un coronel y ocho soldados fueron detenidos este jueves acusados por la muerte de ocho indígenas durante el desalojo de una protesta hace una semana en el oeste de Guatemala, primer caso de militares procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra civil hace 15 años.

La fiscal Claudia Paz y Paz señaló al coronel Juan Chiroy como "principal responsable" de los hechos en Totonicapán (oeste) por estar a cargo de la tropa, y lo acusó del delito de "ejecución extrajudicial en grado de tentativa".

Dos soldados fueron imputados por ejecución extrajudicial "consumada", porque se comprobó que sus disparos causaron muertes, mientras que los otros seis fueron procesados por el mismo delito pero en grado de "tentativa" al no determinarse si sus balas provocaron alguna muerte, precisó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió este jueves investigar también al alto mando del ejército y de la policía por la muerte de los ocho indígenas.

Se busca que "las investigaciones no se queden en el autor material sino que continúen en esa cadena de mando que corresponde, porque obviamente aquí hubo una directriz", afirmó el procurador en rueda de prensa.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que "existen elementos relevantes para considerar que la muerte de las personas podría comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria".

El encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall'Anese, también se pronunció sugiriendo al presidente Otto Pérez que promueva una reforma legal para prohibir la participación de los militares en tareas de seguridad pública.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, afirmó el jueves que apoyará las investigaciones contra los militares y dijo que acatará la decisión de las autoridades judiciales.

"Somos los más interesados y primeros en exigir que haya justicia. No vamos a ocultar nada", afirmó el mandatario en rueda de prensa.

El coronel y los soldados, entre ellos dos mujeres, fueron detenidos y trasladados en custodia policial a la Corte Suprema de Justicia, donde un juez ordenó que se les recluya hasta que el viernes se realice la primera audiencia judicial del caso.

"Es la primera vez que se procesa a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz" firmado en diciembre de 1996, afirmó en rueda de prensa la fiscal Paz y Paz.

La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) valoró la rápida actuación de la justicia de Guatemala este caso y consideró que constituye "un paso importante hacia la rendición de cuentas" en este país.

Desde que se conocieron los sucesos del jueves, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acusó a los militares de abrir fuego contra miles de indígenas que bloqueaban la vía interamericana en Totonicapán -180 km al oeste de la capital- en protesta por el costo de la electricidad y otras políticas del gobierno. Hubo más de 30 heridos.

El procesamiento de los nueve militares se registra en el primer gobierno que, tras 25 años de gobiernos civiles, encabeza en Guatemala un general retirado, que combatió a la exguerrilla izquierdista.

En un principio, Pérez negó que los militares dispararan durante el desalojo de la protesta, pero fotografías en la prensa mostraron a soldados apuntando a la multitud.

El presidente luego dijo que siete soldados admitieron haber disparado, pero al aire y en defensa propia.

De acuerdo con Paz y Paz, el coronel Chiroy se subió a su automóvil y retornó a la capital, dejando abandonada a su tropa, cuando se percató de la presencia de manifestantes.

"Cuando identificó situación de riesgo no se comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo más grave: abandonó a su tropa y dejó sin mando a las fuerzas de seguridad y miembros del ejército", aseguró.

La fiscal señaló que los 108 casquillos recogidos en el lugar del suceso pertenecen a las armas del ejército, fusiles de asalto israelí Galil.

"No hemos podido establecer cuántas armas fueron accionadas, con qué resultados de muerte", declaró la fiscal, al señalar que las investigaciones continúan.