Los gremios del sector de telecomunicaciones y servicios públicos manifestaron su rechazo en contra de la decisión del Tribunal de Arbitramento que obliga a Claro y Movistar Colombia, a pagar cerca de $4,7 billones por el litigio de reversión de activos.

El sector ve con preocupación la condena e hizo un llamado al Gobierno a revisar las reglas para promover la economía digital y la inversión extranjera.

“El sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial, de manera que se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”, afirmó Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomovil.

Otro de los casos que hizo generar la crisis entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los gremios, fue la exigencia a TigoUne para devolver el espectro restante y así, poder participar en la próxima subasta que hará el Gobierno de 700Mhz.

El desarrollo de las telecomunicaciones está en juego y no materializado, por tanto, la preocupación radica en si es necesario o no seguir invirtiendo para generar mejores servicios.

“Para Andesco es indispensable consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr afianzar la entrada del país al mundo de la economía digital”, explicaron en un comunicado.

Así las cosas en los próximos días, se entregará una propuesta al Gobierno nacional para promover la inversión y la racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre otros temas.

Se crea desconfianza

La Cámara Colombiana de Informática y telecomunicaciones calificó de lamentable la decisión del Tribunal de Arbitramento sobre este conflicto, con una condena astronómica de 1,6 billones a Movistar y 3,1 billones a Claro, que representa más de cuatro veces la rentabilidad ordinaria anual de las empresas durante 2016, deja dos cosas absolutamente claras: la primera es que inevitablemente el ritmo de las inversiones en el sector caerá de manera dramática, con todas las implicaciones que eso trae en términos de servicio y calidad; y la segunda que el sector, que ya venía en recesión con crecimientos por debajo del PIB, estancará su desarrollo.

Incluso, esta decisión podría acabar con la tan esperada licitación de espectro de 700 MHz, pues es muy poco probable que las dos principales empresas del sector, que tienen que pagar 4,7 Billones, tengan recursos adicionales para participar en esta puja.

“La preocupación no es menor. La condena impuesta a Claro y Movistar pone en riesgo la economía colombiana. Las telecomunicaciones son un sector transversal a la economía que no solo contribuye con varios puntos del PIB sino que además, es indiscutible su aporte en términos de cohesión e inclusión social. La cobertura cada vez mayor ha permitido que millones de colombianos y empresas tengan más y mejores oportunidades en los rincones más apartados del país, se ha fortalecido el servicio de las entidades del Estado en todas las regiones y los jóvenes colombianos con seguridad reciben mejor educación gracias a las múltiples alternativas que ofrece la tecnología, sostuvo el presidente de la organización”, Samuel Alberto Yohaí.

Por su parte la calificadora Standard & Poor’s fue la primera en responder al fallo del tribunal de arbitramento.

La firma advirtió que como consecuencia del fallo, puso en Revisión Especial negativa las calificaciones de ‘BB’ de Colombia Telecomunicaciones, la empresa de minoría estatal que hoy se conoce como Telefónica y tendrá que responder por parte de los $4,7 billones de los dos operadores privados según el tribunal nacional.

Así, la calificadora podrá “reflejar la posibilidad de que las bajemos en más de un nivel dentro de los próximos 90 días si la liquidez de la compañía se vuelve insostenible debido a la incapacidad de pagar de la sentencia arbitral al Gobierno”.

Todo porque Standard & Poor’s evaluó la liquidez actual de Coltel como menos que adecuada debido a los elevados gastos de capital y a los pagos del Patrimonio Autónomo de Activos y Pasivos de Telecom al Gobierno, pese a que los accionistas de la empresa la capitalizarán para cerrar su pasivo pensional.