Gobierno reitera combate frontal a la minería criminal | El Nuevo Siglo
Viernes, 21 de Febrero de 2014

El gobierno nacional seguirá empeñado en combatir la minería ilegal ya que “no solo atenta contra el medio ambiente, sino que es también un combustible para la violencia y la criminalidad”, afirmó ayer el presidente Juan Manuel Santos.

De igual forma, destacó el esfuerzo conjunto de la Fiscalía, la Dijín, la Policía, las Fuerzas Militares, la Procuraduría y los ministerios de Ambiente, Defensa y Minas para erradicar las explotaciones ilícitas, y reiteró que seguirán adelante “sin bajar la guardia.”

Ratificó que existe una “fuerza élite dentro de la Policía que va exclusivamente a combatir esta minería criminal”, para tener más instrumentos legales al momento de llevar a cabo acciones contra la misma.

Así lo afirmó el jefe de Estado durante el Tercer Congreso Anual sobre ‘Minería Responsable: aliada del Desarrollo de Colombia’, llevado a cabo en Cartagena.

Dijo que “por cuenta de unas algunas prácticas de explotación minera en especial las ilícitas que no cumplen con las normas de seguridad, que desprecian el medio ambiente, que no pagan impuestos ni pagan regalías y no brindan seguridad social a los trabajadores ni se preocupan por las comunidades”, muchas personas creen o han hecho creer que toda la minería es así, y enfatizó que a pesar de ello el país debe saber “que cuenta con empresarios mineros serios, comprometidos no solo en lo técnico y lo económico sino también responsables con el medio ambiente y las comunidades.”

Indicó además, que de la mano con países vecinos, se trabaja también conjuntamente contra la minería criminal.

“La semana pasada firmé aquí en Cartagena con el Presidente del Perú un memorándum para trabajar conjuntamente contra la minería criminal, pues no es un problema solo nuestro sino que también afecta a vecinos como Perú, Ecuador y Brasil”, sostuvo.

 

Responsable y sostenible

Santos afirmó que la minería responsable y sostenible es una aliada para la equidad y la prosperidad.

El mandatario señaló que el objetivo del Gobierno es el de “seguir propiciando un ambiente confiable para la actividad minera responsable y sostenible”.

“De mi parte, no solo lo afirmo aquí con ustedes, sino en todo escenario donde se hable del tema: estoy convencido de que la minería responsable y sostenible es una aliada fundamental para alcanzar la equidad y la prosperidad”, manifestó.

Indicó que la minería en Colombia es “la caja de nuestro desarrollo, el sector que apalanca el avance social y productivo del país, y que genera recursos que se invierten en bienestar para los más vulnerables” y agregó que por ello el Gobierno cree en la importancia de la estabilidad y en las reglas de juego claras, y apoya con convicción la inversión minera y en hidrocarburos.

El jefe de Estado explicó que “por cuenta de unas algunas prácticas de explotación minera —en especial las ilícitas— que no cumplen con las normas de seguridad, que desprecian el medio ambiente, que no pagan impuestos ni pagan regalías y no brindan seguridad social a los trabajadores ni se preocupan por las comunidades, muchas personas creen —o han hecho creer— que toda la minería es así”.

“¡Sabemos que no es cierto!”, añadió el presidente Santos y dijo que “no está bien que paguen justos por pecadores”.

“El país debe saber —y esa es una labor en la que hay que insistir— que cuenta con empresarios mineros serios, comprometidos no solo en lo técnico y lo económico sino también responsables con el medio ambiente y las comunidades”, enfatizó.

Subrayó que “la minería legal, responsable, sostenible y socialmente comprometida con el desarrollo del país, nada tiene que temer y cuenta con todo nuestro respaldo”, en tanto que quien se aparte de sus responsabilidades paga por ello.

“¡Y paga duro!, como ha quedado comprobado recientemente y como se verá siempre que se lesione el interés general— pero quien cumple con el país tiene su trabajo asegurado”, sostuvo.

“Hoy quiero darle las gracias y manifestar mi admiración al sector minero porque —a pesar de las dificultades que mencioné al comienzo— tenemos resultados que se deben a su esfuerzo y compromiso, y también al esfuerzo del Gobierno”, puntualizó.

 

 

Programa piloto de formalización

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la minería ilegal y contribuir con las buenas prácticas mineras,  las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía unen esfuerzos para desarrollar procesos de formalización de la minería informal en el país, así lo explicó Ramón Leal Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible (Asocars).

Según cifras dadas por la Agencia Nacional de Minería como resultado del primer ciclo  del proceso de fiscalización, en Colombia existen un poco más de 9.000 títulos mineros de los cuales el 26 por ciento se encuentran en etapa de construcción y montaje y el 39% en etapas de explotación. Datos que se contrastan con las cerca de 3.000 licencias ambientales o planes de manejo ambiental reportados el año anterior por las autoridades ambientales respecto de las actividades mineras licenciadas en sus regiones. En materia de minería informal de acuerdo con los datos citados por el director de la Cámara Colombiana de la Minería, en el último censo minero se identificaron “cerca de 14.000 unidades productivas mineras, donde se están haciendo extracciones minerales, de las cuales el 63 por ciento no tienen título minero” y mucho menos cumplen con las exigencias ambientales.

Por esta razón, las Corporaciones Autónomas del Valle del Cauca (CVC), de Santander (CAS), del Tolima (Cortolima), de Risaralda (Carder) y de Nariño (Corponariño), se dieron a la tarea de trabajar en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía para formular e implementar acciones en materia de formalización tendientes a mejorar las condiciones productivas, sociales y ambientales de los pequeños mineros tradicionales identificados en cinco regiones piloto, con lo cual se benefician más de 1.600 unidades productivas (pequeños mineros informales) con una inversión de recursos de 3.200 millones de pesos aproximadamente.