En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que aprobar el proyecto de ley que busca despenalizar los cultivos ilícitos generaría una desarticulación en material penal y que dicha iniciativa desconoce los lineamientos jurídicos del tema.

Esguerra aseguró que “la política criminal debe ser integral y no puede cambiar las conductas que deben ser objeto de sanción penal. No es el instante de anticipar un conjunto de normas en este camino (…) esto no se puede trabajar como el llanero solitario”.

Entre los puntos más sólidos que encierra la iniciativa se encuentran la descongestión judicial y carcelaria, ya que son los cultivadores, raspachines y sus familias los que ocupan la mayor dedicación del aparato judicial y carcelario.

Además, el proyecto asegura que con él se desestimula el desplazamiento de las áreas cultivadas que por buscar clandestinidad terminan por favorecer la tala de selvas y bosques, propiciando escenarios que se aprovechan por los actores armados.