Gobierno no permitirá violaciones a compromisos en El Quimbo | El Nuevo Siglo
Miércoles, 4 de Julio de 2012

Un plan de choque para solucionar las inconformidades presentadas ante las afectaciones de las multinacionales Emgesa y Emerald Energy en el Huila propuso el ministro de Medio Ambiente Frank Pearl.

Tras reunirse con pobladores y comprobar la gran cantidad de quejas de ciudadanos y congresistas, el funcionario también anunció que habrá mesas de trabajo cada 15 días.

Según Pearl, parte de la solución es conocer cuáles son realmente las retribuciones económicas que van a recibir los pescadores, agricultores, ganaderos que deben reubicarse. “Y si llega a ser insuficiente, el Gobierno debe meterle mano y velar por el bienestar de la comunidad”, sostuvo.

“Lo que escuchamos aquí son reclamos muy válidos de un importante número de personas. Y así  fuera solo una persona que tuviera que hacer parte de ese censo y no está, le quita toda la legitimidad al proyecto”, explicó Pearl, quien indicó que aunque las reglas están hechas para cumplirlas, el propósito de Gobierno es que la comunidad se beneficie. “Si vemos que esas reglas son una camisa de fuerza que nos lo impide, pues cambiamos las reglas. Esto significa una revisión de los procesos para asegurar de que todos los afectados están siendo compensados”, dijo.

El compromiso es hacer que las multinacionales cumplan lo pactado. “El tema se tiene que solucionar y para eso estamos”, manifestó.

Sin embargo, el Ministro del Medio Ambiente dijo que es importante contar con la versión de todos los actores del conflicto, al referirse a la ausencia de un representante de Emgesa. “Es necesario que Emgesa esté presente porque lo mejor es tener las dos versiones. Es muy válido todo lo que dijeron, sin embargo es bueno contar con las diferentes perspectivas para que el Gobierno pueda legitimar las acciones”, agregó.

Por su parte, el senador Jorge Eduardo Gechem, del Partido Social de Unidad Nacional (La U) recordó que se están llevando a cabo unas mesas amplias de participación, en las cuales se viene analizando los compromisos de la empresa de El Quimbo, y del Gobierno Departamental. “Creemos que la asociación de los usuarios de El Quimbo deben participar en las mesas”, señaló.

El senador Carlos Ramiro Chavarro, del Partido Conservador, recordó que el Gobierno, a través del Ministerio, debe vigilar por medio de las mesas los compromisos a los que se llegó con Emgesa, que es la encargada de la construcción.

Y frente a la problemática presentada por la nueva explotación petrolera que la multinacional Emerald pretende realizar, el Ministro afirmó que harán una revisión profunda al respecto.

“Es un tema bien complejo de analizar y es necesario contar con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, porque aquí hay un conflicto por el uso del territorio. Hay algunos que dicen que lo mejor es la minería, otros la agricultura y otros que preservar los páramos. Los colombianos no podemos desgastarnos en conflictos inútiles, que es lo que hemos hecho durante varios años”, explicó el ministro Pearl.

“Las empresas deben reflexionar sobre cómo están haciendo las cosas, porque esto es una muestra de que falta comunicación entre las empresas y la comunidad. No se trata de tener permisos legales para operar, sino de tener licencia social y hacer un buen papel entre la comunidad”, dijo Pearl.

Entre tanto, la gobernadora del Huila, Cielo González, le pidió al Ministro del Medio Ambiente revisar la licencia ambiental de la explotación petrolera.

“La comunidad se opone de manera tajante por proteger el Páramo de Miraflores, que es una reserva hídrica del departamento, pero también es zona agrícola que se podría ver afectada por esta explotación petrolera”, dijo González.

El ex concejal Armando Acuña, del Partido Conservador, denunció que la multinacional Emerald ha realizado el proceso de legalización de la licencia ambiental de manera fraudulenta.

Según él, “la licencia que otorgó el Ministerio, mediante la resolución 1609 para exploración en la base del Páramo de Miraflores, fue un proceso irregular: la participación de la comunidad en la presentación inicial del estudio de impacto ambiental y posteriormente en el proceso de licenciamiento tuvo irregularidades que la comunidad ha denunciado”.