Una cruzada por la protección de los derechos de las mujeres que son víctimas de la violencia, cuyo propósito es erradicar todo tipo de violencia contra ellas en el país, está liderando el Gobierno, informó la alta Consejera para la Equidad de la Mujer Cristina Plazas.

“El Gobierno del presidente Santos está liderando una cruzada para proteger los derechos de las víctimas de la violencia, con miras a erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Hoy estamos sentados acá la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer y cuatro ministros, demostrando que el Gobierno Nacional no es indiferente a este problema social tan grande que tenemos en el país”, indicó Plazas durante una rueda de prensa ayer en la Casa de Nariño, junto con los ministros de Justicia Juan Carlos Esguerra, Educación María Fernanda Campo, Salud Beatriz Londoño y Trabajo Rafael Pardo.

La funcionaria explicó que la situación para las mujeres en Colombia no es alentadora, como lo demuestra el hecho de que 80 por ciento de las personas que mueren por violencia de pareja son mujeres.

Agregó que para contrarrestar este problema el Gobierno Nacional expidió cuatro decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, en materia de justicia, salud, educación y trabajo, con lo cual reafirma su compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer.

“Ya no existen excusas. Con estos cuatro decretos estamos dando los mecanismos y procedimientos dentro del Estado, a nivel nacional y local, para que se sepa realmente cuáles son las medidas de protección que requieren las mujeres, entendiendo que la protección de las víctimas es fundamental”, aseveró.

Protección

El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra sostuvo que el Gobierno adelanta todos los esfuerzos para brindarles protección y justicia a las mujeres que son agredidas y sufren por violencia dentro de sus familias.

Esguerra recalcó que se amplía el espectro de personas que puedan iniciar esas acciones judiciales por hechos de agresión contra las mujeres. Es decir, que no sólo sean las víctimas sino también las Comisarías de Familia, la Fiscalía –de oficio- e incluso personal médico, quienes puedan iniciar una acción penal por hechos de este tipo.

“Cuando por ejemplo miembros del personal médico tienen conocimiento de una agresión contra la mujer, tienen la obligación de presentar la denuncia respectiva”, indicó.

El jefe de la cartera de Justicia insistió en la propuesta contenida en este Decreto para que este delito no sea desistible, tampoco sea conciliable y sea conocido de oficio.