En el proyecto de reforma a la justicia que presentará el Gobierno al Congreso se buscará que las altas Cortes pierdan la función electoral que conservan, pues esto es un distractor de sus verdaderas responsabilidades. Así lo señaló ayer el ministro del ramo, Alfonso Gómez Méndez.

El pronunciamiento del alto funcionario se produce al final de una semana en que fueron anuladas la elección del magistrado Francisco Ricaurte, quien oficiaba como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional.

“Cuánta razón hemos tenido de plantear  la necesidad de despojar a las Cortes de las funciones electorales que las distraen de la función básica de fallar expedientes. La decisión política de presentar el proyecto de reforma es del Gobierno y  se está trabajando en eso. Tenemos claro que un tema inamovible es que a las Cortes se les va a quitar esa pesada carga de estar nombrando gente”, dijo el ministro Gómez Méndez.

Añadió que “hoy (ayer) lo dice muy gráficamente el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, que haberle dado esas funciones ‘fue un regalo envenenado’. Hay que quitarle ese regalo envenenado para que las Cortes se dediquen a lo que hacen en todas partes del mundo, que es a tomar decisiones, a pedir los expedientes. Cuánto gasta el Consejo de Estado y la Corte (Suprema) escuchando a 10 candidatos para ser postulados, llámese a la Procuraduría o llámese a la Contraloría. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo ya en aras de la dignidad de la propia justicia”.

La semana anterior Gómez Méndez anunció que desde el Gobierno nacional se promoverá una reforma a la justicia que irá en dos direcciones: la profundización en la agilización de los procedimientos que se vienen implementando y  la distribución de los poderes de las altas Cortes.

Al respecto señaló en esa oportunidad que “el Presidente ha anunciado, probablemente para el 20 de julio, una reforma que contemplará la eliminación de las facultades de las altas Cortes, un cambio en el sistema de elección de los magistrados, profundizar la carrera judicial, impedir que se pase de una corte a otra, impedir ese procedimiento de investigación cruzado que hay entre magistrados de la corte y Congreso”.

Además de estos aspectos el Ministro agregó ayer sobre el proyecto de reforma a la justicia que otra de las propuestas que contendrá será “aumentar la edad de retiro  forzoso”, así como ponerle freno a la denominada ‘puerta giratoria’.

Sobre esto último, Gómez Méndez hizo referencia al caso de la nulidad que decretó el Consejo de Estado de la elección del magistrado Francisco Ricaurte, quien en septiembre de 2012 terminó su periodo de 8 años en la Corte Suprema de Justicia y dos meses después fue elegido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo de Estado atendiendo una demanda decretó la nulidad de esa elección porque 15 de los 16 magistrados que votaron por él en la Corte Suprema para ser magistrado del Consejo de la Judicatura fueron elegidos en sesiones en las que participó Ricaurte cuando fungió como togado de la Corte Suprema.

“Eso va en la dirección correcta, nosotros celebramos esa decisión del Consejo de Estado, y en la dirección correcta de lo que está pensando el Gobierno, que incluso va más allá porque el Consejo de Estado dice ‘cuando una persona ha participado en la elección de alguien, ese alguien después no lo puede postular’. El Gobierno va más allá, va a prohibir eso que popularmente se llama la ‘silla giratoria’. Es decir, que no se pase de una Corte a otra. Que llegar a una alta Corte debe ser como el eslabón final de una carrera judicial exitosa’”.