Compañías altamente especializadas vigilarían los 9.073 documentos que en el país otorgan derechos para explorar suelo y subsuelo.

Dentro de las metas para ordenar el sector minero del país, el Gobierno decidió endurecer el control a la forma como se realiza la contratación pública estableciendo una fiscalización sin precedentes.
Mientras la Agencia Nacional Minera (ANM) inicia actividades, el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) avanzan en la estructuración de un proceso que permita seleccionar a compañías altamente especializadas en consultorías, auditorías, certificadoras de calidad y otras, para vigilar los 9.073 títulos mineros existentes en el país.
De acuerdo con la información oficial, las empresas que resulten seleccionadas deben ejecutar, de acuerdo con el objeto de la contratación, el proyecto “Fiscalización Integral de los Títulos Mineros”, cuyo alcance consiste en llevar a cabo la evaluación documental y las inspecciones de campo requeridas para apoyar a la ANM en la vigilancia de los títulos mineros, atendiendo a los procesos y procedimientos adoptados por la entidad.
Por otra parte, explica el Gobierno en el documento divulgado ayer, en las actividades de evaluación documental e inspecciones de campo que realice el contratista durante el plazo del contrato, para apoyar la gestión de la autoridad minera en el ejercicio de su función de fiscalización y seguimiento, se deben considerar elementos como el universo de los títulos mineros que son objeto de evaluación, el alcance del derecho que otorga el título, la localización geográfica del título, las áreas objeto de evaluación, al igual que las especificaciones de las actividades de evaluación documental y de las inspecciones de campo.
Es importante precisar que la delegación plena de la fiscalización de los títulos mineros en Colombia, a partir de la expedición de la Resolución 182306, del 22 de diciembre de 2011, pasa a ser competencia de la ANM cuando entre en operación, razón por la cual los títulos mineros que hay que fiscalizar, incluidos aquellos que eran responsabilidad de las gobernaciones delegadas para cumplir con esta misión, a partir de ese momento le competen única y exclusivamente a la ANM.
Dicha resolución prorrogó las funciones delegadas en los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander, y se delegan otras tareas en el SGC.
De acuerdo con el documento, “los pilares sobre los cuales se hará la fiscalización integral a los títulos mineros del país tienen que ver con el aprovechamiento racional del recurso minero, seguridad e higiene minera, gestión ambiental y aspectos económicos y jurídicos, de tal manera que se pueda realizar el respectivo seguimiento y control a las obligaciones, según el periodo contractual”.
Así mismo, dentro de los elementos de control deben tomarse en cuenta el aprovechamiento racional del recurso minero, plan minero, infraestructura asociada a la operación y control de inventarios, entre otros; dentro de la seguridad e higiene minera de deben cumplir los estándares de seguridad, índices de accidentalidad y fatalidad minera e investigación de accidentes.
También se debe tener en cuenta un manejo ambiental adecuado de componentes de agua, suelo, aire y biota, y contar con una articulación con la autoridad ambiental.
En cuanto a las condiciones económicas de los proyectos se debe vigilar la capacidad económica, inversión, pago de canon superficiario, pago de regalías, compensaciones, registros de producción y de exportación.
En los aspectos sociales, las firmas deberán impulsar el desarrollo regional, mano de obra y seguridad social, responsabilidad social empresarial y bienes y servicios, entre otros.
En el aspecto jurídico, se debe dar cumplimiento de los requisitos legales, modificaciones contractuales, pólizas, autorizaciones y procedimientos sancionatorios, entre otros.
Vale la pena destacar que por intermedio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se ha efectuado una amplia difusión pública de este proceso entre las firmas de ingeniería de consulta. La autoridad minera contó con la firma Durán & Osorio para la asesoría jurídica en la estructuración de selección pública.
Este proceso público se adelantará a través de la Gerencia Integral del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entidad con la cual a finales de diciembre de 2011 el SGC suscribió un convenio interadministrativo para adelantar la licitación pública con miras a la contratación de las actividades de apoyo para el desarrollo de la Fiscalización Integral de la Minería en Colombia.
Se espera que la actividad de apoyo a la fiscalización esté iniciando actividades de manera simultánea a la entrada en operación de la ANM.
Cabe destacar, que mientras en el año 2010 la partida presupuestal total para el proceso de fiscalización fue de 4.900 millones de pesos, para la presente vigencia presupuestal se cuenta con recursos superiores a los 160.000 millones de pesos al año, para adelantar de manera adecuada la fiscalización integral de la actividad minera colombiana, lo cual confirma que la nueva institucionalidad minera reflejada en la creación de la ANM, es una realidad.