Después de un año de haberse sancionado la Ley de Seguridad Ciudadana, el Gobierno y los entes territoriales manifestaron su propósito de implementarla a través de un agresivo plan en contra del hurto de celulares.

 

Para ello, según Francisco José Lloreda, alto consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, se Han dispuesto siete medidas, resumidas en controles a las importaciones y a la comercialización de equipos, así como filtros en la activación por parte de las compañías celulares.

Lloreda recordó que gracias a la Ley, se convirtió  en delito la alteración del IMEI (International Mobile Equipment Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil), que identifica como una huella digital cada celular.

Igualmente, Lloreda manifestó que la policía tiene plenas instrucciones para desmantelar las estructuras criminales y hay una prohibición de exportar equipos y partes de segunda.  Y anotó que con otros países se comparten bases de datos con la finalidad de evitar que se activen equipos.

 

 

En octubre

Sin embargo, Lloreda reconoció que no todas las precauciones se han puesto en ejecución y por eso a partir del primero de octubre comenzaran a regir muchas de ellas.

También le hizo un llamado a las compañías de celulares para que ayuden en el control de celulares robados.

“Las medidas creadas por el Gobierno hace un año y complementadas con otras que hemos puesto en operación en los últimos días, sí sirven, son las adecuadas y apuntan a resolver el problema de raíz. Con el tiempo, los colombianos van a ver que adquirir un celular robado es el peor negocio del mundo”, dijo el funcionario.

También con esta ley se pretende disminuir el índice de muerte tanto por homicidio, como por accidente de tránsito, pero por el momento los nuevos mandatarios locales la vienen implementando conjuntamente con la policía, dijo Lloreda.

 

 

Otros puntos de la Ley

De acuerdo con la Ley, se crea el delito autónomo de tráfico de menores de edad con la pena máxima permitida por el Código Penal: de 30 a 60 años.

También se crea el delito de disparo sin necesidad, para castigar a quienes disparen al aire sin que esté en peligro alguna persona, se penaliza con cárcel de 1 a 5 años. No más impunidad en los tiros al aire. Pero a pesar el castigo por disparar al aire, según los ciudadanos muchos crímenes en esta modalidad aún están en la impunidad. 

La ley también contempla  el delito de porte ilegal de armas para que incluya las armas caseras, artesanales, hechizas y las partes esenciales de las armas de fuego.

Para la lucha contra la violencia en los Estadios, se castiga con mayor fuerza el lanzamiento de objeto contundente o peligroso dentro de los mismos, incluyendo la prohibición de ir al escenario con sanción de 6 meses a 3 años.

 

Allanamientos

Con la entrada en vigencia de la ley, se permiten los allanamientos y registros en la noche con la presencia de la Procuraduría General de la Nación. Se amplía la vigencia de la orden de interceptación de comunicaciones a seis meses, la de las órdenes de captura y vigilancia a un año, todo con el fin de darle continuidad a las investigaciones y ahorrarle recursos al Estado.

El objetivo de la ley es la de precisar la forma en que la justicia debe enfrentar los fenómenos de mayor impacto que atentan contra la seguridad de los habitantes del territorio. Delitos como el tráfico y el porte ilegal de armas, la utilización de menores para cometer crímenes, el robo de celulares y de autopartes, entre otros.

Según el Ministerio del Interior el manejo del Sistema Penal de Adolescentes se replantea para que los menores infractores cumplan la totalidad de la sanción, en centros especializados, con medidas de control y seguridad adecuadas.

Esta se ha priorizado en 19 ciudades del país, como son: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Manizales, Pereira, Cali, Palmira, Tulua, Buenaventura, Popayan, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Bogotá, Soacha, Soledad,  y Villavicencio.  Se espera que las ciudades tomen conciencia de la implementación de esta ley que salió en vigencia el  24 de junio del 2011.    

 

 

 

El de cada día

Ayer se supo de una enfermera de 29 años que fue asesinada en la localidad bogotana de Suba, tras ser sorprendida por asaltantes cuando llegaba a su casa.

Los ladrones trataron de quitarle el celular que estaba usando en el momento del atraco, pero como ella opuso resistencia los delincuentes la hirieron con un cuchillo.

De acuerdo con estadísticas oficiales, en Colombia se roban tres celulares cada minuto, 194 cada hora y 140.000 al mes.

En Bogotá de 43 hurtos diarios que se denuncian, 27 corresponden a celulares, según lo estableció el secretario de Gobierno capitalino Guillermo Asprilla, quien advirtió que la cifra de robos puede ser mayor, ya que la gente se abstiene de denunciar por diversos motivos.

Lo cierto es que entre enero y mayo, del año pasado, se denunciaron más de 1.200 hurtos de celulares, pero en el mismo periodo de este año, solo se denunciaron 946 robos.

 

 

Desestímulo para el robo

Las alarmantes cifras que se han revelado sobre el robo de celulares en el país tienen a los colombianos preocupados, ya que según las estadísticas cada tres minutos se roban un celular y durante un mes la cifra de hurtos de estos aparatos puede superar las 140.000 unidades.

El representante guajiro Alfredo Deluque, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), contó que probablemente a partir de octubre de este año se podrá poner en práctica la ley y así ayudar a disminuir con el porcentaje de robos de esos aparatos.

Para el congresista, “a los operadores celulares les hace falta ser más responsables socialmente y deberían darle mayor agilidad al proceso de depuración para que se pueda empezar a desestimular el robo de celulares en el país”.

Deluque explicó que antes de terminar la legislatura radicó “una solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio para que me certifique el cumplimiento de esta obligación y si ellos no están cumpliendo yo creo que sí les cabrían las sanciones respectivas con el fin de que se pongan a cumplir la ley, que a pesar de ser regulada por la CRC es una ley de la República y ya tiene que estar funcionando”.

Deluque defendió las bondades de la ley, cuyo objetivo es “acoger un tema y una preocupación que se estaba presentando en el robo de celulares como el delito más cometido en el país, la idea era buscar cómo atacarlo, cómo bajar esos índices”.

“El Gobierno llegó con una propuesta de aumentar las penas para el delito de robo de celulares la cual no era muy precisa. Entonces ahí se nos ocurrió la idea basada en experiencias internacionales como la de Gran Bretaña o Francia, de crear  una base de datos compartida y unificada de todas las empresas celulares que consistía en una base de datos negativa que es donde están todos los celulares que tienen un origen ilícito y otra base de datos positiva donde están los celulares que tienen un origen lícito”, anotó.

Para él, fueron tres las propuestas que mejoraron la Ley. “La primera de ellas es crear una base de datos positiva, porque en la medida que exista puedes saber cuáles son los celulares que tienen un origen lícito, cuáles los que están registrados y a nombre de quién, de manera tal que se complementen con la negativa y los celulares que no estén incluidos en la lista negativa ni en la positiva no podrán entrar en el mercado de los celulares lícitos”.

“La segunda”, prosiguió, “es crear un delito y es que el que manipule los celulares con el fin de modificar el número o serial para que los celulares puedan ingresar nuevamente a la base de datos positiva incurrirá en un delito que será castigado con penas en prisión desde seis a ocho años y sin beneficio de excarcelación”.

“La tercera, es que los celulares tienen que ser vendidos con las bandas abiertas de manera tal que con un celular pueda usar la Sim que quiera y no tenga que acudir a un mercado gris con tal de que me abran las bandas para usar el celular, aunque esta práctica no está penalizada”, precisó.

“Nosotros le dimos facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, con el fin de que ellos tuvieran seis meses para hacer lo pertinente y el sistema empezara a funcionar. El sistema empezó a operar el primero de enero de 2012, cuando se cumplieron los seis meses pero en la práctica no ha entrado en vigor con plena efectividad”, expresó.

Sin embargo, no ha empezado a funcionar “porque como en Colombia hay tantas bases de datos de celular y las empresas han sido digamos un poco rígidas al momento de su creación, entonces las bases de datos están totalmente desordenadas”.

“La base de datos positiva que debe tener los 47 millones de líneas que aproximadamente existen en el país registradas no está depurada y en la depuración de esos datos las empresas se han gastado todo lo que llevan del año y creen que pueden tenerla depurada el primero de octubre”, anunció.

“Eso es lo que ha hecho que el sistema no empiece a funcionar de manera adecuada. Esta herramienta y las demás, hacen parte de un sistema de prevención para el robo de celulares, las empresas de telefonía han sido un poco ligeras y no están haciendo todo lo que tienen que hacer para depurar las bases de datos”, manifestó.