Funcionarios ylegisladores del gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, bajaron el tono al procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y defendieron ayer el principio de presunción de inocencia, en declaraciones a la prensa.

Boudou se convirtió el viernes en el primer vicepresidente de la historia argentina en ser procesado por sobornos y "negociaciones incompatibles" en una causa judicial por corrupción cuando era ministro de Economía (2009-2011).

El senador nacional oficialista Aníbal Fernández defendió el principio de presunción de inocencia, al ser consultado por la televisión.

"Sigue existiendo la presunción de inocencia aunque exista un auto de procesamiento porque, precisamente, por esa misma razón de la presunción de inocencia es que él tiene derecho a apelar", señaló el legislador.

La oposición aplaudió el procesamiento y pidieron que Boudou sea apartado del cargo, cuando en Argentina crece paulatinamente la puja política en vistas a las elecciones presidenciales de octubre de 2015.

"Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia", dijo Ernesto Sánz, presidente de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y responsabilizó a Kirchner, quien designó a Boudou para acompañarla en la fórmula que se impuso con 54% de los votos en los comicios de 2011.

Sánz insistió en que el hecho "es muy grave por lo que pedimos que tome licencia, no que renuncie", mientras se sustancia la causa.

El peronista disidente Felipe Solá dijo que va "a proponer que Boudou se despoje de sus fueros, porque el gobierno pagará mucho mayor precio político que el que ya pagó".

Laura Alonso, legisladora del PRO (derecha) reclamó un juicio político contra el vicepresidente y culpó al oficialismo de negarse a iniciar el proceso de destitución.

Por su condición de vicepresidente y titular del Senado, Boudou goza de fueros, que sólo perdería si renunciara o fuera destituido por juicio político, por lo que si bien puede ser juzgado no puede ser detenido.

Boudou está acusado de haberse quedado, a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro, con el 70 por ciento de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010, cuando era ministro de Economía./AFP

Senador Aníbal Fernández

Sigue existiendo la presunción de inocencia

Senador Ernesto Sánz

Pedimos que tome licencia, no que renuncie