Magistrado Javier Zapata dijo que el alto tribunal no tiene la capacidad para afrontar el limbo jurídico en el que se encuentran todos los desmovilizados.

PARA PRESENTAR lo que el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, denominó un “diagnóstico tomado cruda y fríamente de la realidad” sobre la Ley de Justicia y Paz, el Ejecutivo se reunió ayer mañana con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por iniciativa del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la asistencia del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; fueron presentados ante los magistrados las preocupaciones y los inconvenientes que para el Gobierno se han visto en la implementación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz.

“Hay una serie de problemas sobre el estado de la cuestión de la Ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional. Queremos aceptar esta obligación que tenemos los colombianos, por supuesto que tiene el Gobierno, el Legislador y los jueces de la República. Todos queremos acertar en los superiores intereses del Estado”, sostuvo el Ministro Esguerra.

Al concluir la reunión, el alto funcionario también indicó que vendrán otras reuniones con los representantes de este Alto Tribunal, pues es del mayor interés del Ejecutivo escuchar las propuestas y sugerencias que la Rama Judicial pueda plantear para solucionar los obstáculos de esta Ley.

“De lo que se trataba era de intercambiar ideas a instancias y por iniciativa del Presidente de la República en su condición de jefe de Estado porque este tema de Justicia y Paz no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado. Tenemos responsabilidades y obligaciones con todos y cada uno de los colombianos, con las víctimas, con nuestros muertos, con el mundo en general, con nuestro pasado, con nosotros mismos”, agregó.

El Ministro Juan Carlos Esguerra señaló que esta Ley de Justicia y Paz no ha fracasado: “Ha habido inconvenientes, se están presentando problemas y obstáculos en la aplicación del proceso que estamos tratando de resolver. Vamos a ver cómo enderezamos el camino y sacamos esto adelante. Es el interés de todos los colombianos”.

Por su parte, el presidente de la Sala, Javier Zapata, manifestó que el alto Tribunal no tiene la capacidad de afrontar la gran cantidad de casos de desmovilizados cuya situación jurídica permanece en el limbo desde el mismo momento en que decidieran acogerse a la ley.

De acuerdo con el magistrado, en el transcurso de la reunión, el presidente Juan Manuel Santos y los titulares de las carteras de Interior, Germán Vargas Lleras, y  justicia, junto con sus respectivos equipos dieron buena cuenta de la situación en la que se encontraban tanto los extraditados ex jefes paramilitares así como los considerados miembros rasos de las autodefensas.

Hace una par de semanas, la Comisión de Paz del Senado le entregó al presidente Juan Manuel Santos las conclusiones de un nuevo marco normativo y jurídico que posibilitaría nuevas desmovilizaciones, y en el que se urge la ampliación y modificación de la ley de Justicia y Paz como medida a corto plazo.

En dicho marco, se plantea una revisión urgente en la medida en que hay más de 25.852 postulados a la ley de Justicia y Paz, de los cuales se han iniciado 2.600 versiones libres, con sólo 390 postulados con formulación de imputación, y tan sólo cuatro condenas, y sólo una en firme.

Asimismo, la Comisión también plantea, dentro de la aplicación de la justicia transicional, beneficios a militares que decidan contar la verdad.

“El planteamiento de beneficios para los militares que hayan cometido delitos, resulta válido dentro de un proceso de paz, con una verdadera participación de los mismos militares en el proceso de justicia transicional”, dice el informe.