Crisis en la salud, el posconflicto, falta de recursos, líos con el PAE, inseguridad, son algunos de los principales dolores de cabeza que compartieron este año los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y personeros 

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A la mitad de su periodo de cuatro años arribarán en pocos días los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, personeros y contralores. A pesar del tiempo transcurrido en su función, siguen arrastrando la mayoría de los principales problemas con que se encontraron cuando fueron elegidos.

Asuntos como poco o ningún avance en la  descentralización administrativa, falta de recursos para cumplir sus funciones, inseguridad, crisis del sistema de salud y problemas en el PAE son algunos de los dolores de cabeza que más aquejaron a los gobernantes regionales en el año que está por terminar y que se mantendrán en 2018 a la espera de soluciones.

El director ejecutivo Nacional de Fenacon (Federación Nacional de Concejos), Édgar Alberto Polo Devia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el primero y el mayúsculo realmente ha sido la elección de personeros municipales desde que nos metieron los concursos de méritos para elegirlos. Fue una gran falencia porque el Gobierno nacional no habló al unísono frente a la reglamentación para la realización de los concursos de méritos. Y también trató de establecer una analogía frente a la elección de los personeros con la elección de los contralores, y eso no era viable ni aplicable. Entonces eso causó demasiado conflicto, demasiado traumatismo al interior de todas las corporaciones públicas de elección popular”.

Polo añadió que “estoy hablando del país en general. Eso causó un caos tremendo, a tal punto de que la ESAP que realizó más de 500 concursos, también se les ha caído personeros a ellos. Y lo peor de todo es que se supone que se tiene que hacer algunas revisiones de hoja de vida por parte de estas instituciones frente a los que van punteando o van ganando, y a veces lo omiten y el concejal elige, y la investigación viene es para el concejal y no para la entidad que adelanta el concurso”.

Gobernadores

La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido un fuerte dolor de cabeza de los gobernadores también este año, debido a que insisten que fiscalmente no les alcanza para financiarlo.

Otro de los problemas que no da tregua es la corrupción que se ha enquistado en este sistema por parte de operadores contratados para suministrar la alimentación a los escolares, sin embargo, se roban los recursos por la vía de desmejorar la calidad o reducir las raciones.

El director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, se unió al llamado de la Procuraduría General de la Nación de adoptar cambios profundos en el modelo de prestación del PAE, posición que ha sido expuesta de manera reiterada por la Federación y los gobernadores, luego del diagnóstico que se realiza con el Ministerio de Educación en cada departamento y en el que se ha evidenciado que con el presupuesto para 2018, es fiscalmente imposible en la mayoría de las regiones del país cumplir con el programa.

“Las deficiencias en la estructura del PAE han sido un tema de debate con el Gobierno nacional, razón por la cual hemos revisado el tema en 4 cumbres extraordinarias, identificando las principales dificultades que los gobernadores tienen a la hora de programar y ejecutar el Programa de alimentación escolar. También hemos desarrollado más de 20 mesas técnicas con el Ministerio de Educación para generar propuestas que mejoren su funcionamiento en el 2018. Toda nuestra colaboración a disposición del señor Procurador”, afirmó Plinio Olano.

Añadió que “el presupuesto del 2018 lleva a que los departamentos terminen poniendo más plata que el Gobierno nacional. Con este presupuesto para financiar el PAE, los departamentos son incapaces de cumplir lo que la Ley ordena”.

Frente a esta situación la Federación Nacional de Departamentos ha planteado que el Programa de Alimentación Escolar sea manejado por la Nación.

El directivo dijo también que “es fundamental la articulación con el Gobierno nacional para la consolidación de la autonomía regional desde la diversidad y con suficiencia fiscal, por lo que se requiere identificar conjuntamente prioridades, los retos y las oportunidades de los diferentes niveles, para avanzar en la definición de una agenda de fortalecimiento de la gestión de las políticas públicas que redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más joven del país”.

En materia de salud, los gobernadores reiteraron este año al Gobierno nacional la necesidad de la celeridad en la destinación de los recursos para afrontar la crisis del sector por la desfinanciación de las IPS en los departamentos.

Los mandatarios han mostrado su preocupación por las demoras por parte de las EPS para pagar sus deudas a las IPS, por lo que los servicios a la ciudadanía se han visto afectados.

Personeros

Este año también se vio frustrada la solicitud que han hecho las personerías para su fortalecimiento con el fin de poder cumplir con sus múltiples funciones, que desde el 2012 se vieron incrementadas con el papel que le dieron en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y, ahora, en el posconflicto.

En ese sentido, la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper) con el respaldo de la Procuraduría y de algunos congresistas radicó un proyecto de ley para robustecerse institucional y operativamente. No obstante la iniciativa no tuvo trámite en el Legislativo, pues como otras tuvo que esperar porque la prioridad en el trámite fue para los proyectos que implementaron el acuerdo de paz.   

Se espera que en el próximo periodo legislativo, a partir de marzo, esta iniciativa tenga debate.

De otra parte, Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper, señaló que hay preocupación en los personeros de varias regiones, pues no logran percibir como positivo lo que está pasando con la implementación del acuerdo de paz: denuncian aumento de cultivos de coca, presión a las comunidades para movilizarse, presencia de nuevos grupos armados, “lo que nos indica que el problema del país no era la presencia de la guerrilla sino la falta de presencia del Estado en los territorios para generar desarrollo, llegar con seguridad, con servicios públicos”, señaló.

Alcaldes

La explosión de revocatorias en varias regiones del país ha sido motivo de preocupación de los alcaldes porque consideran que el mecanismo está siendo manipulado por quienes pierden las elecciones para tratar de sacar del cargo al titular.

El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que “ese es un tema que hay que regularlo, hay que buscar que sea un mecanismo de participación ciudadana, que sea serio, que sea responsable, que se haga por razones reales y comprobables de que el alcalde no está cumpliendo con su programa de gobierno, y que realmente allí haya un descontento generalizado de la población”.

Añadió que “esos procesos arrancan por revanchismos políticos o por motivaciones partidistas o politiqueras, incluso para avanzar o hacer sobre esos procesos campañas políticas futuras”.

Otro asunto sobre el cual no hay claridad son los efectos de las consultas contra la actividad minera, que este año se hicieron por doquier. En ese sentido Toro dijo que “el tema de la explotación minera en Colombia tiene que ser resuelto de manera concertada. Aquí, si hay imposiciones del Gobierno nacional o por presiones de empresas multinacionales, lo que vamos hacer es tener nuevas dificultades, porque es que aquí en ese tema no se puede desconocer que intervienen actores que por constitución son competentes. El Gobierno nacional, los municipios, las empresas extractoras, las comunidades locales, las autoridades ambientales, todos nos tenemos que poner de acuerdo y sentarnos para que la explotación minera en el país sea  la de manejo responsable, sin generar prejuicios al medio ambiente, a las comunidades locales y sobre todo que no se vaya afectar reservas naturales”.

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