La conformación de una comisión integrada por cuatro o cinco gobernadores para que en conjunto con el Gobierno estudien aportes al proyecto de reforma al código departamental que se estudia en el Parlamento, especialmente en lo que tiene que ver con la parte tributaria territorial, fue uno de los compromisos a los que llegaron el presidente Santos y los mandatarios regionales del país en la cumbre celebrada hace pocos días en Bogotá.
El proyecto de reforma al régimen departamental es una de las iniciativas que hacen parte de la llamada revolución territorial promovida por la administración Santos en el Congreso, y que ya sacó adelante iniciativas como el código municipal, el distrital y el de áreas metropolitanas.
Sin embargo la reforma al código departamental se frenó en su discusión en el Congreso luego de ser aprobado en Cámara en la Comisión Primera y la Plenaria.
El hecho es que al llegar a su tercer debate en Comisión Primera del Senado se aprobó realizar un diálogo regional para escuchar más a fondo a los gobiernos regionales sobre sus impresiones y aportes a este importante proyecto, más cuando desde las regiones se mantiene el debate sobre un presunto retroceso en el proceso de descentralización administrativa; además se discute el esquema tributario y de otros ingresos que las regiones consideran es insuficiente para atender las múltiples obligaciones que tienen.
Fruto del diálogo regional que impulsó del Senado, fueron introducidas varias modificaciones al proyecto en la ponencia para su tercer debate, como es que “sin perjuicio de la aplicación de los principios de subsidiariedad y complementariedad para con los municipios de conformidad con la Constitución y la LOOT, los departamentos desarrollarán sus competencias ejecutoras, teniendo en cuenta el criterio de impacto subregional y regional de los programas y proyectos que adelante. El departamento se abstendrá de inmiscuirse en las competencias ejecutoras de los municipios y distritos y, por el contrario, buscará economías de escala en la aplicación de los recursos públicos”.