El gobernador de Texas anunció que reforzará su frontera con México con 1.000 soldados de la Guardia Nacional por la llegada masiva de menores centroamericanos, la misma semana que el presidente Barack Obama abordará el sensible asunto con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El gobernador Rick Perry justificó su decisión al considerar "la falta de acción del gobierno federal" desde principios de junio y "ante la situación que está viviendo Texas" para contener las oleadas de inmigrantes.

"He ordenado al general adjunto John Nichols que prepare inmediatamente el despliegue de 1.000 de sus tropas" en reserva, dijo el gobernador en una rueda de prensa.

El estado sureño ha recibido la mayoría de los 57.000 menores que desde octubre pasado han llegado solos de forma clandestina a Estados Unidos, con el objetivo de dejar atrás la violencia y la pobreza de sus países.

Pero las autoridades se vieron desbordadas el pasado mes ante el repunte de llegadas, que saturaron los centros de detención y obligaron al traslado de centenares de indocumentados a otras dependencias en el país.

La Casa Blanca informó el lunes que las detenciones diarias de niños en el Valle del Rio Grande, la zona más afectada, cayeron a 150 por día. La última cifra oficial apuntaba a entre 200 y 250.

Perry señaló que, dentro de la operación "Seguridad Más Fuerte", estas fuerzas adicionales ayudarán a los miembros de la Guardia Fronteriza por tierra y aire en la zona, principalmente en el Valle del Río Grande, la más afectada.

También ayudarán a "combatir a los brutales cárteles de la droga mexicanos" que operan en esa zona de la frontera.

"No se puede hablar de seguridad nacional si no hay seguridad fronteriza", afirmó la máxima autoridad de Texas.

- Una reunión clave -

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló que el presidente Barack Obama se mostró "abierto" cuando el gobernador Perry le comentó la iniciativa durante su reciente encuentro en Texas.

Sin embargo, puntualizó que "el presidente y esta administración no ven de ninguna forma que esto (la medida) sustituya la respuesta que el gobierno ha buscado dar (a este problema)" mediante el fondo especial pedido al Congreso y a través de "una reforma migratoria completa".

Obama pidió a los congresistas 3.700 millones de dólares para aumentar el número de agentes fronterizos y la vigilancia aérea de su frontera sur, así como para ampliar la capacidad de acogida y expulsión de los inmigrantes que ingresan ilegalmente.

La reforma migratoria que el presidente estadounidense impulsó, una de las grandes promesas de su segundo mandato, está bloqueada en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos.

La decisión de Texas se produce cuatro días antes de que Obama reciba el viernes por primera vez a los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras en la Casa Blanca, una reunión clave en la que se abordarán las posibles soluciones para paliar la crisis humanitaria desencadenada por la constante llegada de menores.

Será la primera vez que los cuatro mandatarios traten personalmente este problema, aunque tanto el vicepresidente Joe Biden como el secretario de Estado John Kerry viajaron hace unas semanas a Centroamérica para establecer comunicaciones directas con los gobiernos involucrados.

- Estadounidenses más preocupados -

El gobernador de Texas quiso destacar durante su comparecencia que, aunque los menores centroamericanos están en el centro de esta crisis, solo representan "el 20% de aquellos que son detenidos cruzando ilegalmente la frontera" de su estado.

Perry también enfatizó que las fuerzas de seguridad de su territorio "se ven superadas en su tarea de ofrecer ayuda humanitaria", mientras "cárteles de la droga, traficantes de personas y criminales usan esta tragedia para su propio beneficio".

En su camino hacia Estados Unidos a través de México, menores y adultos son víctimas de robos, malos tratos y violaciones por parte de las mafias que operan a lo largo de las rutas.

Obama ha hecho varios llamamientos para que las familias centroamericanas no envíen a sus hijos a Estados Unidos, advirtiendo que serán deportados.

Un sondeo publicado la semana pasada por la empresa Gallup señaló que uno de cada seis estadounidenses considera que la inmigración es el problema más importante que debe gestionar el gobierno de Obama, el nivel más elevado desde 2006.