En tecnología  de la Información y las Comunicaciones, hoy el mayor reto del Gobierno es garantizar la sostenibilidad del sector mediante el diseño e implementación de unas políticas que promuevan la competencia dentro de un mercado altamente concentrado. 

Y las barreras para la libre competencia no son exclusivas de las telecomunicaciones. Aunque se ha avanzado en la definición del mecanismo de formalización de operadores, la prestación de servicios de televisión paga en Colombia se realiza en condiciones de competencia imperfecta por falta de claridad normativa bajo control y poca vigilancia en el sector.

Dado que la meta del Gobierno es cumplir el Plan “Vive Digital”, es necesario generar un ambiente normativo homogéneo para la instalación y operación de redes de comunicaciones, especialmente en las zonas urbanas. Necesitamos el apoyo decidido del Gobierno para expedir una regulación que efectivamente promueva la competencia, facilite la expansión de la infraestructura y dé atributos suficientes a las autoridades sectoriales para garantizar un mercado competitivo.

El sector eléctrico es uno de los principales motores del desarrollo y la competitividad del país. .

Por ello, es positiva la reciente expedición de decretos orientados a fortalecer entidades de suma importancia para el sector, como son la CREG y la UPME.

Pero quedan varias tareas por cumplir: vemos que la matriz de riesgos en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica está trascendiendo ampliamente nuestras capacidades y responsabilidades.

Desde su concepción y hasta su ejecución, los proyectos del sector eléctrico enfrentan problemas de distinta naturaleza, pero particularmente en los relacionados con la estructura y el funcionamiento del Estado, tenemos tres temas urgentes por resolver: el licenciamiento ambiental, el manejo social de los proyectos y la consulta previa.

Colombia debe priorizar los proyectos estratégicos de infraestructura y otorgarles un procedimiento ágil para trámites como el licenciamiento, así como se da en otros países. Hoy en día, obtener una Licencia Ambiental toma por norma entre 300 y 360 días si no hay tropiezos en el proceso. En la práctica, hemos comprobado que ha tomado hasta 1.372 días hábiles. Dada la naturaleza del sector eléctrico, cualquier retraso o demora en la ejecución de los proyectos incrementa los riesgos de racionamiento energético, genera sobrecostos significativos, demora el avance de la institucionalidad en las zonas más olvidadas del país, le resta competitividad al sector y al país y acaba afectando el bolsillo de todos los colombianos.