En los próximos dos años, quinientos setenta mil colombianos vulnerables, víctimas de la violencia, ocasionada por el conflicto armado interno, serán beneficiados con programas de seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral, gracias a la unión entre el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA; el Departamento para la Prosperidad Social, DPS,- y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a la gestión de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, APC-Colombia.
Esta alianza, que se inició en el año 2000, pone en marcha la nueva Operación Prolongada de Socorro y Recuperación – OPSR – para Colombia POR 24 meses más Cada año se atenderán doscientas ochenta y cinco mil personas de La Guajira, Córdoba, Arauca, Chocó, Valle del Cuca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Meta y Guaviare.
Entre los acuerdos para la implementación de la nueva OPSR, se estableció que el PMA aportará un total de 39.7 millones de dólares y el gobierno colombiano, como contrapartida, 16 mil millones de pesos, para el primer año, incluidos los profesionales enlaces en las regiones donde hará presencia.
Del total de beneficiarios, esta nueva OPSR enfocará sus esfuerzos en atender al menos 32 mil niños en edad escolar; 14 mil madres gestantes y en lactancia; 15 mil quinientos, niños y niñas entre 6 y 24 meses; y 19 mil, niños y niñas entre dos y cinco años.
Además, la alianza entre el Programa Mundial de Alimentos, el Departamento para la Prosperidad Social y el Bienestar Familiar, beneficiará 170 mil personas con altos grados de inseguridad alimentaria, quienes recibirán el ciclo completo; sesenta mil personas, con inseguridad alimentaria moderada; y cincuenta y cinco mil personas, pertenecientes a población indígena desplazada en extrema inseguridad alimentaria.
El modelo que se aplicará en esta oportunidad contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y se adecua a los cuatro objetivos de la asistencia del PMA, en concordancia con las políticas del Gobierno en su Plan de Nacional de Desarrollo y a la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.