Un parte positivo en medio de los graves problemas de corrupción que vive el país, presentó el secretario de Transparencia de la Presidencia, Carlos Fernando Galán, al cumplir un año en su cargo.
Destacó el trabajo de la Comisión Nacional de Moralización que le permitió a los altos poderes del Estado identificar las problemáticas en este sentido.
Asimismo, consideró la plataforma tecnológica para hacer denuncias como un método que va a ser muy efectivo en el combate contra el detrimento al erario y el desgreño administrativo.
Frente a los escándalos de desfalcos en la DIAN y en el sector de la salud, Galán manifestó que espera que este año haya sanciones penales, disciplinarias y fiscales.
EL NUEVO SIGLO:- ¿Cuál es el balance que hace tras un año de gestión?
CARLOS FERNANDO GALÁN:- Hemos convocado en tres oportunidades la Comisión Nacional de Moralización, que fue creada por el Estatuto que busca que los altos poderes del Estado se reúnan para discutir los temas de corrupción y definir prioridades en la lucha contra la corrupción.
El año pasado esa Comisión nos dio unos mandatos que hemos venido construyendo. La próxima semana vamos a lanzar una plataforma para presentar denuncias de corrupción con el fin de facilitarles a los ciudadanos que en cualquier parte, protegiendo su identidad, puedan denunciar los casos de corrupción y que sea el Estado el que se encargue de hacer el trámite, a través de las autoridades correspondientes, en respuesta al ciudadano que presentó la denuncia.
También ya está en funcionamiento un sistema que se llama el Observatorio de Anticorrupción, que es una herramienta que busca hacer una evaluación de la política sectorial, primero publicando los resultados de sanciones emitidas por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Así, progresivamente, vamos a desarrollar indicadores adicionales que nos permitan evaluar el impacto de la lucha anticorrupción y la promoción de la transparencia en las entidades estatales.
ENS:- ¿Por qué se espera que sea positivo este sistema de denuncias?
CFG:- Por una razón simple: para una persona denunciar un caso de corrupción es complejo, es engorroso y es arriesgado. Es un tema muy difícil, ya que el Estado no le facilita al ciudadano o al servidor público este proceso. El nuevo es un sistema claro, transparente ágil, rápido y seguro. Este sistema busca que el ciudadano sienta que le podemos proteger su identidad, que lo puede hacer fácilmente y que al cabo de unas semanas pueda saber cómo va su denuncia.
ENS:- ¿Qué ha pasado con los casos de los desfalcos a la salud, a la DIAN…?
CFG:- La clave este año ha sido acompañar y apoyar las investigaciones que se han venido desarrollando por el escándalo de la DIAN y en el sector de la salud, en lo relativo a alumnos “fantasmas” en entidades territoriales y el hurto de tierras en el Incoder. Esos resultados ahí están. Hemos avanzado en las investigaciones apoyando a los órganos competentes. Se ha demostrado un desfalco inmenso en la salud que, según la Contraloría, supera los 8 billones de pesos. En lo que tiene que ver con la DIAN, el caso supera los 3,8 billones de pesos. La meta es que este año en todas esas investigaciones haya sanciones penales, disciplinarias y fiscales.

Política en borrador
ENS: ¿Qué otras acciones han generado?
CFG:- El otro énfasis de la Secretaría es la construcción de la política anticorrupción. Ya tenemos un documento preliminar que vamos a socializar con la Comisión Nacional de Moralización y buscamos que haya un Conpes antes de marzo, para que a partir de allí arranque la aplicación de la política integral de la lucha contra la corrupción.
ENS:- ¿Cuántas denuncias sobre corrupción hizo su oficina en un año de existencia?
CFG:- Hemos generado alertas con base en denuncias que nos han llegado sobre presuntos actos de corrupción en diferentes entidades del Estado. Hemos generado más de mil alertas.
ENS:- ¿Pero han tenido eco ante las autoridades?
CFG:- Hemos tenido diferentes resultados. Por ejemplo hay casos en el que hemos visto que ante la alerta las autoridades toman una decisión administrativa. Está el caso de unas camas con alta tecnología en el sector Defensa donde había irregularidades en el contrato y fue declarada la caducidad de este.
Otro es el caso del Incoder, con la entrega de terrenos baldíos en Antioquia, miles de hectáreas donde, al parecer, había complicidad de los funcionarios de la Regional Antioquia. En mes y medio, en trabajo de coordinación con la Sijin y la Fiscalía, hubo imputación de cargos a 18 personas, lo cual revela que se está avanzando en casos de corrupción. Y hay otros que están en proceso.
ENS:- ¿Qué otros sectores en riesgo han identificado?
CFG:- Estamos trabajando en mapas de riesgo que en nuestra opinión son sensibles en temas de corrupción. Vamos a hacer esto en el sector de la minería, donde hemos identificado riesgos que tienen que ver con los recursos y en el tema de licencias.
En el sector salud también. Allí hemos identificado que los medicamentos unen la problemática del sector salud. Por eso, al hacerle un seguimiento a los riesgos de la cadena de medicamentos vamos a poder apuntarle a toda la cadena del sector salud. También vamos a hacer mapas de riesgo en sector justicia, puntualmente en el sistema carcelario en lo que tiene que ver en la contratación en el Inpec.

¿Con ‘dientes’?
ENS:- ¿Realmente esta es una Secretaría con ‘dientes’ para combatir este flagelo?
CFG: Cuando me dicen que su oficina no tiene ‘dientes’ ni la capacidad para sancionar penalmente, eso es ilógico, pues sería inconstitucional que el Presidente tuviera una oficina bajo su mando. Un ente con posibilidades de sancionar penal y disciplinariamente a alguien estaría en contra de la separación de poderes.
Los dientes que tenemos es la posibilidad de diseñar esta política, de implementarla. Esto va a permitir fortalecer los mecanismos para prevenir la corrupción y para fortalecer los órganos encargados de investigarla cuando sucede. Eso nos permite ir a la raíz del problema.
ENS:- ¿Qué obstáculos son a los que se ha enfrentado?
CFG:- Hay un tema que tiene que ver con el hecho de que tengamos una misión de coordinación. Diseñamos política y coordinamos a los encargados de aplicar la política, pero a veces no dependen de nosotros las decisiones. Nosotros planteamos la política, generamos los mecanismos de coordinación, pero el accionar proviene muchas veces de otros organismos del Estado. Eso tal vez a veces genera dificultades. Es un obstáculo pero también es una salvaguarda que protege la democracia: el hecho de que el Gobierno nacional llegue hasta cierto punto en casos de corrupción y no llegue más allá para no invadir las competencias de otros poderes.