Implementar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), disminuir las cifras de accidentalidad vial, culminar el proyecto de Cable Aéreo, adjudicar la licitación y dejar funcionando el Sistema de Bicicletas Públicas, así como fortalecer las campañas pedagógicas y de cultura ciudadana, son algunos de los retos de la secretaria Distrital de Movilidad, María Constanza García Alicastro.

La nueva funcionaria, aunque conoce como la palma de la mano todo lo relativo a la movilidad en la Capital del país, no acababa de posesionarse cuando ya tenía que resolver no pocos ‘chicharrones’, como las denuncias alrededor de los contratos sobre las grúas, los patios y los bombillos led en los semáforos. Y, como si fuera poco, intervenir en lo relativo a las medidas de seguridad vial durante las celebraciones de los triunfos de la selección Colombia.

La Secretaria es una profesional cuya pasión ha sido la movilidad de la ciudad. Está convencida que la urbe tiene un Plan de Desarrollo, el de la Bogotá Humana, que es coherente y lleno de herramientas para generar las condiciones que den a los ciudadanos la posibilidad de transportarse de manera digna y eficiente.

El alcalde Gustavo Petro la puso en este difícil cargo ya que es una de las profesionales que más conoce sobre el SITP, pues ayudó a estructurar todo el proyecto y ha participado activamente en su implementación. De allí que desde el mismo momento en que asumió se sabe que terminar la implementación del 100 por ciento del sistema y dejarlo en pleno funcionamiento es una de sus tareas prioritarias.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, García abordó la complejidad de los problemas que enfrenta el SITP. Es la primera funcionaria de la administración de Petro que no se casa con fechas para la implementación. Aclara, de paso, que aunque hay problemas con dos concesionarios, el servicio no tendrá dificultades porque está listo el plan de contingencia.

El NUEVO SIGLO:- ¿Cuáles son sus prioridades como encargada de manejar un sector que, como el de la movilidad vial, es una de las principales preocupaciones de los ocho millones de habitantes de la ciudad?

MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO:- Disminuir las cifras de accidentalidad en todos los actores de la vía, culminar con éxito el proyecto de Cable Aéreo, adjudicar la licitación y dejar funcionando el Sistema de Bicicletas Públicas de la ciudad. También el aumentar la presencia de personal de apoyo en las vías y fortalecer las campañas pedagógicas y de cultura ciudadana.

ENS:- La implementación del SITP implica cambiar la mentalidad de los ciudadanos para moverse en Bogotá. La tarea no ha sido fácil ¿Cuándo estará listo?

MCGA:- Hoy llevamos el 50 por ciento de la implementación del sistema. Tenemos siete operadores que avanzan en la implementación y representan, en términos de vehículos, el 74 por ciento. Nuestro compromiso y esfuerzo es que los concesionarios cumplan con sus cuotas de implementación. Tenemos un porcentaje de 25 a 26 por ciento que tiene relación con los dos concesionarios (Egobus y Coobus), que representan para la Administración y el sistema la democratización. Se supone que los dos concesionarios aglomeran más de 12.000 propietarios. Ellos son socios de estas empresas y hay un compromiso de la Administración porque ellos creyeron en el sistema y tienen la responsabilidad de prestar el servicio. Seguramente (con ellos) se llegará a un feliz término.

ENS:- Entonces ¿cuándo estará el 100 por ciento de la implementación del SITP?

MCGA:- Depende de poder solucionar los problemas de Egobus y Coobus. Ellos representan entre el 24 a 26 por ciento y cubren el 40 por ciento de la ciudad. No podría decir que en diciembre de 2014 está listo. Se trabaja para reducir esos tiempos pero hay que tener en cuenta las dificultades que se van presentado y debemos superarlas para llegar al 100 por ciento del sistema.

ENS:- ¿Hay términos para que los dos concesionarios cumplan?

MCGA:- Los dos concesionarios tienen procesos de incumplimiento. Ahora se implementa el plan para poner en blanco y negro lo que pasa con ese 24 por ciento.

ENS:- ¿Pero hasta que sea solucionado el problema de incumplimiento de los dos concesionarios la ciudad tendrá por completo el SITP?

MCGA:- Es una realidad que tiene la ciudad. El 24 por ciento en estas dos concesiones tiene problemas. Insisto, la Administración quiere acompañar a estas dos concesiones porque representan a pequeños propietarios. Y de todas formas tenemos el plan de contingencia.

La Administración tiene tres objetivos. La Alcaldía Mayor, la Secretaría de Movilidad y Transmilenio garantizamos la prestación del servicio en toda la ciudad. En la aceleración de la implementación quisiéramos decirle a la ciudadanía que en agosto está listo el sistema, pero hasta que se solucione lo de las dos concesiones, estaría mal decir que en diciembre (próximo) o en enero de 2015. Por ahora no tengo los elementos de juicio para comprometerme con una fecha. Con la democratización por la cual fue inspirado el SITP ya que se logró que cerca de 10.500 pequeños propietarios fueran a la concesión. Para nosotros es de suprema importancia la participación de los pequeños propietarios.

ENS:- ¿El Distrito Capital los ayudará con recursos?

MCGA:- No. Para la Administración es difícil invertir recursos en unos contratos que son de empresas privadas. Lo importante es que se tomen medidas frente a estas concesiones que permitan llevar a cabo la implementación. No está sobre la mesa o se estudian alternativas de préstamos.

ENS:- ¿El despacho tiene el plan B si no se llega a un acuerdo con los dos concesionarios?

MCGA:- Hay un plan de contingencia. El objetivo es garantizar el servicio, si ellos nos facultan para, de manera transitoria, crear permisos en el marco del transporte público colectivo que nos permita cumplirle a la ciudad y que no pase que un día amanezcamos sin el servicio.

 

 

 

Una experta en el tema

 

García Alicastro es ingeniera civil, egresada de la Universidad de la Salle y cuenta con una Especialización en Transporte de la Universidad Nacional de Colombia.

Su trayectoria laboral se ha desarrollado mayoritariamente en el sector público y en temas relacionados con la movilidad de la ciudad. Estuvo vinculada como profesional universitario en la Subdirección Técnica de la antigua Secretaría de Tránsito y Transporte entre 2001 y 2005, luego en Transmilenio como profesional especializado en la Subgerencia Técnica entre 2005 y 2012.

Durante la actual administración regresó a la Secretaría Distrital de Movilidad en el cargo de Directora de Transporte e Infraestructura. Posteriormente fue nombrada en propiedad como Subsecretaria de Política Sectorial hasta la fecha, ocupando también, por encargo, la propia Secretaría y la gerencia de Transmilenio.

En la Subsecretaría de Política Sectorial tuvo a su cargo el establecimiento de políticas en materia de tránsito y transporte, seguridad vial, infraestructura vial y de transporte y del Sistema de Información Sectorial, además de aprobar los estudios orientados al logro de la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del sector de la movilidad, de acuerdo con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, así como el Plan Maestro de Movilidad.

 

 

 

Razones de Supertransporte para intervenir  dos concesionarios

 

Con el beneplácito de la administración Petro y en aras de garantizar el adecuado servicio a los usuarios del SITP, la Superintendencia de Puertos y Transporte decidió días atrás remover de sus cargos a los representantes legales y a los miembros de junta directiva de las empresas Egobus y Coobus S.A.S., operadores de Transmilenio.

De acuerdo con el análisis realizado por esta Superintendencia y del material probatorio recopilado en las actuaciones administrativas adelantadas contra los representantes legales y los miembros de junta directiva de las sociedades Empresa Gestora Operadora de Buses “Egobus” S.A.S. y Sociedad Operador Solidario de Propietarios Transportadores “Coobus” S.A.S., se logró determinar que los mismos, dada su calidad de administradores de la compañía, debían ser removidos de sus cargos.

 

El caso de Egobus 

 

La empresa celebró el contrato de concesión en 2010 con Transmilenio S.A., cuyo objeto consiste en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP para la zona 6, correspondiente a Suba-Centro, sin operación troncal.

La Superintendencia evidenció incumplimientos a cargo de Egobus y ausencia de gobernabilidad a cargo de sus administradores, entre otros hallazgos.

En abril de 2013 el Superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán Prieto, decidió someter a control a esta empresa, especialmente por hallazgos como presuntas irregularidades referentes al pago de rentas a los propietarios, obligaciones relacionadas con la operación, retraso en la vinculación de la flota, pago de conductores, omisión en la entrega de información financiera, incumplimiento en área de vehículos, de operaciones y de seguridad, y ausencia de información financiera.

Desde entonces, la entidad inició un seguimiento al comportamiento de esta empresa y al proceder de sus administradores, en el cual realizó continuos requerimientos y evaluaciones al plan de mejoramiento presentado por esta compañía, sin que se evidenciara por parte de los administradores de Egobus la debida gestión para mitigar o eliminar las causas o situaciones críticas que dieron origen al sometimiento a control.

Es así que teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente y una vez evidenciada la afectación al servicio público de transporte masivo, al generarse traumatismos por el incumplimiento de la incorporación de flota y los ceses de operaciones de aquella que se encuentra en condiciones de operar, para la Superintendencia se hizo inminente y necesario la adopción de una medida administrativa que procure la recuperación empresarial de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones y deudas que ha contraído, fundamentalmente por la conducta negligente con que han actuado sus administradores en el cumplimiento de las normas comerciales, laborales y fiscales, entre otras.

 

El caso Coobus

 

Celebró el contrato de concesión también en 2010 con Transmilenio S.A. para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP para la zona 3, correspondiente a Fontibón, con operación troncal.

Al igual que Egobus, en su operación se empezaron a evidenciar incumplimientos, ausencia de gobernabilidad y otros hallazgos.

En marzo de 2013 el Superintendente decidió someter a control a la sociedad, especialmente por hallazgos como: la falta de definición del plan de negocios que garantizará el cierre financiero, capital suscrito y pagado con inconsistencias, cuentas por cobrar a los accionistas en mora superior a 322 días e inobservancia al pacto de cumplimiento suscrito con Transmilenio.

Debido al sometimiento a control, la empresa tuvo que desarrollar un plan de mejoramiento y recuperación, el cual no presentó a tiempo y por ello fue sancionada en su momento con multa de 50 smlmv, es decir 29 millones 475 mil pesos. Una vez presentó el plan, la Superintendencia realizó continuos requerimientos y evaluaciones al mismo, pero no evidenció la debida gestión por parte de los administradores de Coobus para mitigar o eliminar las causas o situaciones críticas que dieron origen a la medida.

“Con la medida de la remoción se busca, en un tiempo prudencial, normalizar el transporte masivo en Bogotá en pro de los usuarios del Sistema, al recuperar financieramente a Coobus y Egobus, para luego devolverlas a sus propietarios”, puntualizó el superintendente Juan Miguel Durán Prieto.