Por un error de procedimiento, al no declararse la sesión permanente, la plenaria del Senado tuvo que aplazar, por segunda vez en una misma semana, la votación del proyecto de reforma a la justicia. La corporación legislativa citó para hoy a partir de las nueve de la mañana la jornada para sacar adelante la importante iniciativa en su segundo debate, de ocho, por ser proyecto de acto legislativo.

Sin embargo, de no aprobarse hoy y ser aplazada su discusión para la próxima semana, el tiempo empezaría a correr en contra del proyecto de reforma constitucional, pues para que no se hunda, tiene que ser aprobada en sus primeros cuatros debates en lo que resta de esta primera mitad de la actual legislatura, que va hasta el próximo 16 de diciembre.
De hecho, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que “aún hay tiempo para que la reforma pase pero admitimos que los tiempos con esto se aprietan bastante pero igual permitirían concluir con el trámite de la reforma antes de que terminen las sesiones ordinarias de este semestre”.
El martes pasado, la plenaria había aplazado la discusión del proyecto para ayer miércoles.
En la sesión de ayer, el ministro del Interior fue quien advirtió del error de forma en el que había incurrido la plenaria del Senado, pues según la ley Quinta del Congreso, luego de cuatro horas de sesión se debe declarar la sesión permanente, pero ésta fue declarada sobre las siete de la noche, una hora después.
Sin embargo, al momento de ser advertida la mesa directiva de la plenaria del error procedimental, ya habían sido aprobados varios artículos que tendrían que ser hoy de nuevo discutidos y votados.
Entre los temas que alcanzaron a ser votados, está el de la financiación de la Rama Judicial, donde se aumenta en un dos por ciento del presupuesto general de la Nación, y las inhabilidades por cinco años para los magistrados y altos funcionarios judiciales como el Fiscal, Procurador, Contralor y Personero del Pueblo, para hacer política y abrir su oficina de abogados luego de dejar el cargo.
Frente a éste último tema, los ministros del Interior y Justicia, Juan Carlos Esguerra, hicieron una férrea defensa de establecer la inhabilidad.
Los funcionarios advirtieron que hay sentencias de algunos de los magistrados que tienen “un tufillo político”, según el Ministro de Justicia.
“Senadores, lean ustedes algunas sentencias donde queda clarísimo en el propósito político que había detrás de la sentencia, cuando hay que alejarse por completo de esas decisiones a la hora de administrar justicia”, advirtió el jefe de la cartera judicial.
Por su parte, el jefe de la cartera política afirmó que es “muy lamentable” que magistrados salgan de la magistratura a campañas políticas. “Eso no debería ser así y no es conveniente”, dijo.
No obstante, senadores conservadores y liberales aseguraron que no se puede impedir las intenciones políticas de ningún colombiano, y por tal razón se acordó imponer una inhabilidad de un año entre la salida del magistrado de su función y el posible lanzamiento de sus intenciones políticas.
Sin embargo, se conformó una comisión para mejorar la redacción de ese artículo para futuros debates.
Además, la plenaria del Senado alcanzó aprobar la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para en su lugar crear un cuerpo especializado de magistrados, adscrita a la Cámara de Representantes, para que investigue al presidente de la República, al Fiscal General y a los magistrados de las altas cortes.
De otro lado, aún faltan por ser discutidos importantes aspectos de la reforma, como la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, la permanencia del fuero militar y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.