En proceso de preparación se encuentra la ponencia que será radicada la próxima semana en la Cámara de Representantes, según dijo el coordinador de ponentes de la iniciativa, el representante Oscar Fernando Bravo, en diálogo con EL NUEVO SIGLO. La realización de una audiencia pública el viernes de esta semana en Barranquilla, les permitirá a los representantes tener más elementos para redactar el texto final durante el próximo fin de semana.
“Hubo audiencia el pasado jueves en Bogotá y se decidió hacer una audiencia en Barranquilla esta semana, posterior a esa audiencia se radicará la ponencia entre lunes y martes de la próxima semana para posteriormente iniciar la discusión, de ser posible, el miércoles”, explicó el representante del Partido Conservador.
Uno de los temas más importantes que se trató la semana pasada y que indudablemente se tratará el próximo viernes está relacionado con la inclusión o la exclusión de la lista de delitos dentro del texto que modificará la Constitución del 91.
Sin embargo, todavía no hay claridad de qué hacer con la lista porque según lo que expresaron los asistentes a la audiencia en Bogotá, en su mayoría militares retirados y organizaciones no gubernamentales, las posiciones son encontradas, mientras unos abogan porque se incluya la lista los otros piden que no.
Pero el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo una propuesta que está siendo analizada por los ponentes de la iniciativa, la proposición realizada es que se haga un híbrido, es decir, que se dejen establecidos en la Constitución los delitos que son parte del Derecho Internacional Humanitario y que los demás delitos se dejen para la discusión, teniendo en cuenta que hay congresistas que han manifestado su intención de incluir algunas conductas en la lista.
A pesar de que el espíritu inicial del proyecto el cual consistía en que los delitos que fueran cometidos por integrantes de la Fuerza Pública como parte del servicio serán conocidos por la Justicia Penal Militar, exceptuando los delitos de lesa humanidad. Pero fue el pasado mes de mayo que la Comisión Primera del Senado aprobó una propuesta en la que se incluye en la Carta Magna de forma explícita una lista con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, que en ningún caso podrán ser juzgados por la Justicia Penal Militar, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la desaparición forzada y la violencia sexual.
Sin embargo, el anterior no es el único tema que está pendiente por resolver para que los representantes Efraín Torres, Hugo Velásquez, Óscar Fernando Bravo, Germán Varón, Alfonso Prada, ponentes del proyecto, sino que aún falta hacer más concreto el tema de la Comisión de Verificación.
“La gente pide concreción en cuanto a la Comisión de Verificación, aquella comisión que habíamos creado y que era algo así como una mezcla de un CTI de la Fiscalía, con un CTI Militar, y el cual sería el encargado de ir de forma inmediata al lugar donde ocurrieron los hechos a establecer de quién es la competencia esa comisión mixta, piden las personas, que sea un poco más concreta en algunos puntos como cuántos serán, cuántos militares, cuántos civiles, eso falta concretarlo”, explicó el representante Oscar Fernando Bravo.
El tercer tema que deberá ser estudiado por los ponentes durante los próximos días está relacionado con el estamento que resolvería el conflicto de competencias, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura se salvó de desaparecer en el fallido trámite de la reforma a la justicia.
“Nos piden que definamos quien va a definir la posibilidad del conflicto de competencias, si el Tribunal de Garantías o el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando estábamos redactando la ponencia anterior ya se daba por eliminado el Consejo Superior y por eso lo habíamos sacado y le habíamos dejado el tema del conflicto de competencias en últimas al tribunal de garantías, pero como el Consejo sobrevivió entonces toca definir cuando haya un verdadero conflicto de competencias quién lo resuelve”, dijo el coordinador ponente del proyecto.