La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al teniente coronel, Rubén Briam Blanco Bonilla; capitán, Jairo Andrés Agudelo Calderón; sargento primero(r), Éber Antonio Villegas Salazar; sargento viceprimero, Edison Alveiro Flórez Carvajal; sargento segundo, Harold Edison Gaitán Ospina, por una posible extralimitación de sus funciones e incremento patrimonial no justificado.

Los disciplinados hacían parte del Gaula Rural de Antioquia y, presuntamente, habrían obtenido el dinero, entre otras fuentes, de la recompensa pagada a un supuesto informante por datos que permitieron la ubicación de una caleta con aproximadamente 300 minas antipersonal.

De acuerdo con la queja disciplinaria, el supuesto informante recibió un cheque por valor de $59.644.000 que debió cobrar por ventanilla y consignar el dinero en una cuenta de ahorros, para posteriormente retirar el efectivo y entregarlo a los militares dentro de las instalaciones de la cuarta brigada. Por su participación y después de firmar unos documentos para legalizar su supuesta colaboración con la justicia, recibió un millón de pesos. 

Los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente modificar en forma fraudulenta información consignada en documentos oficiales, apropiarse de bienes fiscales propiedad del Ministerio de Defensa Nacional e incurrir en una conducta punible a título de dolo, abusando del cargo, de acuerdo con la Ley 836 de 2003.

Por otra parte, el cargo por presunto enriquecimiento ilícito parte del estudio patrimonial realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación a los disciplinados y su entorno familiar que arroja una diferencia patrimonial a justificar superior a $585 millones, evidenciado en la compra de vehículos y propiedades en efectivo por parte de los militares.