Tras las revelaciones que vinculan al magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, con un supuesto soborno para producir un fallo judicial en favor de un oficial procesado por ‘falsos positivos’, ayer la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que investigue al togado.

La determinación la tomó la Fiscalía Especializada 57 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, que encontró méritos suficientes para que Villarraga fuera procesado.

El revuelo causado por las grabaciones difundidas por Noticias Uno en las que el magistrado habría asesorado ilegalmente al coronel Robinson Javier González del Río, generaron la reacción del presidente Juan Manuel Santos quien a través de su twitter  pidió a la justicia dar ejemplo.

“La justicia tiene que dar ejemplo de probidad. Que lo demuestren en el caso del magistrado Villarraga. El país lo exige”, aseguró el Jefe de Estado.

Por su parte el ministro de Justicia, Alfonso Gómez dijo que el togado debe dar las explicaciones respectivas.  

“Escuché las grabaciones en el noticiero. Espero que el magistrado Villarraga pueda dar las explicaciones pertinentes. El Gobierno no es juez, el Gobierno apenas le da apoyo a las investigaciones judiciales. Entiendo que este tema se va a tratar al interior de la Judicatura, y si eso avanza más irá a la Comisión de Acusaciones”, aseveró Gómez Méndez.

Gómez Méndez anunció una reunión con la Rama Judicial y el Presidente para estudiar la situación y tomar los correctivos.

“Ha habido muchas cosas recientes en la justicia. Con el presidente Santos acordamos hacer una reunión probablemente esta semana con las altas cortes, para que analicemos fríamente y descarnadamente qué está pasando para que a partir de allí tomemos correctivos sobre el supuesto de que la inmensa mayoría de jueces y magistrados del país son personas comprometidas”, indicó.

El escándalo se conoce precisamente la semana en que está programada la reunión entre el Presidente y las altas cortes para analizar los hechos de corrupción.

Ante los hechos, ayer la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura realizó sala extraordinaria en la que estudió el caso.

Durante casi siete meses, investigadores de la Fiscalía interceptaron las comunicaciones del excomandante del Batallón de contraguerrillas No. 57 Mártires de Puerres, preso por la muerte de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en 2007, con el magistrado, en las que se trataba el posible traslado del  caso del oficial, de la justicia civil a la militar.

Las conversaciones dejan en evidencia cómo el magistrado estaba dispuesto a fallar de acuerdo con los intereses del militar y a influir en el resto de su sala.

En uno de los apartes de las conversaciones el militar habla del pago de 400 millones de pesos por la presión que el magistrado pueda ejercer entre sus colegas para que el caso cambie de jurisdicción.

En conversación con EL TIEMPO Villarraga rechazó haber recibido algún pago y dijo que su decisión en el fallo sobre el traslado del proceso obedeció a su línea jurisprudencial sobre el fuero militar  “(…) insisto que prevalece la presunción de inocencia, de legalidad y de actos del servicio. Yo estudié doctrina militar para emitir esos conceptos”.

El caso

La investigación reveló que las víctimas eran invitadas a cometer actos delictivos en zona rural de los municipios de Chinchiná, Neira, Manizales y Salamina (Caldas), por parte de personas que tenían relación con miembros del Ejército. Estas personas eran recogidas y transportadas hasta un paraje rural en el que los militares, atrincherados, los ejecutaban.

En febrero de 2012, cuando la Fiscalía de conocimiento acopió esta información, dispuso formular imputación en contra de algunos integrantes del Batallón de contraguerrillas No. 57 y Batallón Ayacucho.

En el proceso contra los militares se presentaron inconvenientes en la realización de las audiencias como ausencia de los abogados de los militares. Los despachos judiciales observaron que se trataba de maniobras dilatorias por parte de los miembros del Ejército Nacional.

Por estos hechos se juzga al coronel Robinson Javier González del Río, quien como mayor comandaba el Batallón de contraguerrillas No. 57; al sargento Rubio Jaro Túquerres, de la sección de inteligencia; al subteniente Edwin Javier Madroñero Quemba, y al sargento Manuel Alejandro Parra Estupiñán, como comandantes de la Compañía Atacador 6.

Apartes de conversación

En las conversaciones, al parecer, el magistrado Henry Villarraga reconoce que las autoridades habían interceptado sus llamadas.

Henry Villarraga: -Le voy a mandar al de la moto para que reclame los mensajes. Contrainteligencia me tiene jodido y tenemos que tener mucha prudencia para las entrevistas contigo y con tu tío. Por eso fue la cancelación de ayer hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque vamos muy bien. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es tratar de cuidar mi imagen.

Coronel González: -Cuente con eso.

H.V.:Tenemos que buscar una estrategia ‘coro’. Para que le comente al hombre y miramos a ver cómo afinamos las vainas, porque la van a emprender contra mí por toda esa ayuda. Entiéndame (...) Yo quiero que no registren todas las entradas mías allá.