En tan solo tres meses de su gestión, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, dijo que la entidad ha incautado bienes por $2,2 billones y en una sola sentencia de extinción de dominio fueron expropiados $1,8 billones en activos que hoy forman parte del patrimonio de la nación.

El fiscal Martínez Neira dijo que la lucha contra la corrupción debe ser global, por tratarse de un fenómeno que se convirtió en una actividad ilegal transnacional.

La advertencia la hizo durante el IV Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, realizado en Barranquilla (Atlántico) por la Superintendencia de Industria y Comercio.

“La lucha contra la corrupción es global, se acabó el escondite para los dineros ilícitos”, expresó el Fiscal General tras anunciar que próximamente se reunirá con los fiscales generales de Centro América para avanzar en un proyecto de cooperación judicial en esa materia; el cual ya se está ejecutando con Panamá, que por primera vez ha enviado pruebas judiciales a Colombia de capitales ilícitos ocultados en ese país.

Sobre la colaboración de Panamá con Colombia, el Fiscal General señaló que “el caso reconocido mundialmente como Mossack Fonseca Papers, compromete la actividad de nuestra profesión, de la profesión del derecho y la mano de la autoridad de investigación y acusación en Colombia va a llevar a los tribunales a todos aquellos agentes que desde las profesiones liberales concurrieron en un concierto para delinquir, mediante ilícitos que tienen que ver con falsedades, con fraudes procesales y con conductas de otra naturaleza a deteriorar mucho más el tejido y el alma ético de la Nación”.

Corrupción

Frente al tema de la corrupción, el Fiscal General señaló que la sentencia en materia penal no será la única que enfrenten los corruptos, porque paralelamente la Fiscalía ha dispuesto que toda investigación que llegue a imputación debe ser acompañada por procesos de lavado de activos o de extinción de dominio, con la finalidad de expropiar los capitales ilícitos producto de la corrupción a cualquier nivel.

Las acciones judiciales no se quedarán solamente en los procesos penales que se adelanten en Colombia sino también en otros países a través de extradiciones “los colombianos, las autoridades, la Fiscalía, debemos preferir ver a un corrupto pagando por sus actos en una cárcel en el exterior con motivo de la extradición, a que tengan el beneficio o de la excarcelación o de pagar sus penas privativas de la libertad en su propia casa o mansión privada”.

Corte Penal

De otra parte, ayer se conoció que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) fortalecieron sus relaciones y continuarán trabajando en explorar posibilidades de comunicación recíproca.

El anuncio fue hecho desde La Haya (Holanda) por la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, luego de reunirse por separado con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y con la vicepresidenta de la CPI, Yoyce Alouch.

Riveros participó en nombre de Colombia en la Asamblea General de la CPI, junto al viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Javier Echeverri, y al embajador de Colombia ante los Países Bajos, Juan José Quintana.

“Vamos a seguir trabajando por el fortalecimiento de las relaciones entre la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional”, expresó la vicefiscal al término de las reuniones con la Fiscal y Vicepresidenta de la CPI.

Colombia es un país que continúa en estado de observación por parte de la CPI.

La Vicefiscal añadió que les explicó detalladamente a las dignatarias de la CPI el papel que jugará la Fiscalía General de la Nación en el posconflicto y las competencias que tendrá mientras entra a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz acordada entre el Gobierno nacional y las Farc-EP.

Riveros les explicó a la Fiscal y a la Vicepresidenta de la CPI algunas de las medidas que ya ha tomado la Fiscalía de cara a los acuerdos de paz, como la creación, en agosto pasado, de la unidad especializada para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.