Dentro del proceso que se adelanta por el homicidio de la jueza Gloria Constanza Caina Cruz, cometido el 22 de marzo de 2011, en el municipio de Saravena.

Durante la audiencia,  el fiscal del caso leyó un documento enviado por el testigo, un desmovilizado del ELN, en el cual se niega a rendir declaración argumentando que recibió varias amenazas de muerte contra él y su familia si continúa como testigo del proceso.

Al tiempo, el representante del ente acusador solicitó medidas especiales de protección, por lo cual el juzgador dijo que se ordenaría el traslado del testigo a Bogotá.

En la diligencia, la Fiscalía también presentó el testimonio de uno de los investigadores del caso que dio a conocer gráficas de las comunicaciones y el estudio de las celdas utilizadas por los celulares que para el día de los hechos tenían los procesados Robinson Adrián Ortega, Nelson Archila Romero y José Diomedes Gamboa Giraldo, supuestos miembros del ELN y presuntos autores materiales del homicidio.

Durante su declaración, el testigo confirmó que las llamadas realizadas entre los procesados  se efectuaron a una distancia no mayor a 300 metros, utilizando, necesariamente, las antenas que pertenecen a una empresa de telefonía celular, que están ubicadas a poca distancia del lugar donde ocurrieron los hechos.