APENAS dos meses después de ser aprobada por el Congreso y prácticamente sin que ninguno de los cambios que contempla haya sido efectivamente aplicado, la llamada reforma al equilibrio de poderes fue objeto ayer de su primera demanda ante la Corte Constitucional.

Tal como lo había anunciado cuando todavía el Congreso no había terminado el trámite de la controvertida iniciativa, el fiscal Eduardo Montealegre interpuso ayer la demanda de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal.

Como se sabe, la reforma fue impulsada por el Gobierno pero a lo largo de sus ocho debates en Senado y Cámara siempre recibió fuertes críticas de las altas Cortes Judiciales y la Fiscalía. Aunque tanto la Casa de Nariño como el Parlamento dijeron que tomaron en cuenta los peros de la cúpula judicial, al final la reforma fue aprobada por las mayorías de la Unidad Nacional y el apoyo condicionado del uribismo, el Polo y la Alianza Verde.

La reforma eliminó la reelección no sólo presidencial sino en todos los cargos estatales; amplió la figura de la “silla vacía” a los congresistas procesados por corrupción; creó una Comisión de Aforados para juzgar a magistrados y el Fiscal; eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y creó un nuevo sistema  de Gobierno y Administración Judicial que estará a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial; creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; cambió la forma de elegir al Contralor general y los contralores territoriales; estableció curules en Senado, Cámara de Representantes, asambleas y consejos para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías; eliminó la ‘puerta giratoria” de magistrados pasando de una corte a otra, así como el ‘yo te elijo y tú me eliges'; cambió forma de elección de magistrados de Corte Suprema y Consejo de Estado; amplió los requisitos para llegar a esta dignidad; y, por último, estableció que el Vicepresidente de la República será juzgado por la Corte Suprema de Justicia.

Memorial de agravios

La Fiscalía, que por intermedio de Montealegre había sido una de las más duras críticas de la reforma y del Gobierno como su principal impulsor, alega en la demanda instaurada ayer que “múltiples disposiciones” del Acto Legislativo 02 de 2015 son incompatibles con la Carta Política, sobre todo aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la rama judicial.

Según el ente acusador, el Congreso tiene el deber de respetar el principio de unidad de materia en las reformas a la Constitución por medio de actos legislativos. Lo anterior implica que en un acto legislativo tan solo se pueden modificar temas que tengan conexidad entre ellos.

En ese orden de ideas, se afirma que en el acto legislativo el tema central era el reequilibrio de los poderes públicos, es decir, modificar el sistema de controles establecido en la Constitución para que las ramas del poder público se controlen entre ellas mismas. Así las cosas, dice la Fiscalía, los artículos de la reforma que modifican el sistema de gobierno y administración del poder judicial y el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial deben ser declarados inconstitucionales, porque “no guardan relación de conexidad alguna ni unidad de materia con la reforma al sistema de equilibrio de poderes. Con estas modificaciones no se afectó la forma en que el Poder Judicial se relaciona y equilibra con las demás ramas del poder público”.

Un segundo elemento de la demanda de la Fiscalía busca probar que el Congreso violó los principios de consecutividad e identidad flexible durante el trámite de la reforma constitucional. Es decir que el acto legislativo introdujo en la Constitución algunas normas que no fueron objeto de los ocho debates.

Tras advertir que al Congreso “no le está permitido alterar en segunda vuelta la esencia de lo aprobado en los primeros debates”, el ente acusador alega que se violó el principio de consecutividad en los artículos que fijaron el nuevo procedimiento de juzgamiento de altos funcionarios del Estado, el ámbito de aplicación en el tiempo de la Comisión de Aforados, y la disposición transitoria a través de la cual se le prorrogó el periodo a los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura.

Por último, la demanda también sostiene que el Congreso desbordó sus competencias constitucionales, porque la aprobación de la reforma de equilibrio de poderes condujo a la sustitución de pilares de la Carta.

Ese vicio grave se habría presentado en la creación de la Comisión de Aforados, porque este es una entidad encargada de la investigación y acusación de los altos funcionarios de la Rama Judicial que no puede ser controlado por ninguna rama del poder público, lo que sustituye dos ejes fundamentales de la Carta Política: el Estado de Derecho y la separación de poderes.

También el Congreso incurrió en sustitución de la Constitución, según la Fiscalía, al modificar el sistema de investigación y juzgamiento de los magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General, así como al eliminar la figura del antejuicio político para estos funcionarios. “Se desconoció que el control político de la acción penal en contra de los altos funcionarios de la Rama Judicial es una piedra angular del sistema de pesos y contrapesos, a la par que es una garantía institucional para proteger la función jurisdiccional de injerencias indebidas por parte de otros poderes públicos”, sostiene el ente acusador.

Otros dos puntos del Acto Legislativo que también habría sustituido la Carta fue el que dejó a los empleados de la Rama Judicial temporalmente sin juez natural en materia disciplinaria. Igual pasó con el régimen disciplinario transitorio de los empleados de la Rama Judicial, en donde se generó un vacío normativo respecto de la responsabilidad disciplinaria de los empleados de la Rama Judicial.

Como se ve, la demanda de la Fiscalía va al fondo, al corazón de la reforma. Como también están en camino otras, se espera que todas sean acumuladas por la Corte, que será, al final de cuentas, la encargada de definir quién gana este nuevo pulso: el Gobierno o el fiscal Montealegre.