Firme proceso a Sabas Pretelt y Diego Palacio | El Nuevo Siglo
Viernes, 7 de Diciembre de 2012

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó dejar en firme el proceso que se adelanta en contra de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio por la llamada ‘Yidispolítica’. Tambien fue implicado el exsecretario general de Presidencia, Alberto Velásquez.

El magistrado a cargo del fallo rechazó los recursos de nulidad presentados por los  implicados por no tener argumentos jurídicos y aceptó que el proceso esté a cargo de un delegado de la Fiscalía y no por el fiscal General como pedían los sindicados.

Los tres exfuncionarios tendrán que responder en juicio por el delitos de cohecho por dar u ofrecer, por las dádivas hacia un grupo de congresistas, incluyendo a Yidis Medina, para que apoyaran el proyecto que buscaba modificar la Constitución para permitir la figura de la reelección presidencial en 2004.

Según detalles  de la investigación Sabas Pretelt, habría sido quien lideró una comisión del Ejecutivo encargada de hacer los ofrecimientos a los legisladores para conseguir el apoyo necesario para evitar que se hundiera el proyecto de acto legislativo que buscaba el aval para que Álvaro Uribe se presentara a las elecciones presidenciales de 2006 siendo jefe del Estado.

Yidis Medina quedó como la protagonista central del caso ya que fue su sorpresivo voto el que hizo que la iniciativa reeleccionista no se hundiera por falta de respaldo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que significó la primera piedra de la reforma constitucional a través de la cual Uribe logró permanecer durante cuatro años más en la Presidencia de la República.

Sabas Pretelt debió renunciar a la Embajada de Colombia en Italia, cuando fue acusado formalmente por la Fiscalía del delito de cohecho impropio, por considerar altamente probable que hubiera hecho ofrecimientos extralegales a Yidis Medina, mientras que la Procuraduría terminó destituyendo e inhabilitando a Pretelt para el ejercicio de la función pública por 12 años.