Aplazar la posesión de Carlos Eduardo Correa como director de la entidad, decidió la junta directiva de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) para que el exalcalde de Montería aclare las investigaciones que cursan en su contra por presunta corrupción.
El dirigente cordobés está vinculado al proceso que adelanta la Fiscalía por los sobrecostos encontrados en las obras del Coliseo 'Happy' Lora, de Montería.
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Pese a ello, el presidente Juan Manuel Santos no sólo lo nombró para dirigir Findeter, sino que defendió su decisión. Así, al hacer pública la designación dijo que “ha sido un funcionario de lujo, impecable, todos lo quieren, produce resultados. Esa es una investigación normal en cualquier funcionario<, siempre hay investigaciones, pero las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la juez de garantías, quien dijo que no había caso”.
En junio, tras ser capturados, la Fiscalía le solicitó formalmente a la jueza 40 de control de garantías de Bogotá emitir medida de aseguramiento en contra de Correa y el alcalde de Montería, Marco Daniel Pineda.
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La jueza negó la medida considerando que no había elementos materiales probatorios suficientes y que la investigación no estaba completa.
En la diligencia judicial, Correa y Pineda se declararon inocentes de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía acusa a Correa de firmar el contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social por casi 12.500 millones de pesos para el mejoramiento del Coliseo que sería sede de los Juegos Nacionales de 2012. Como es habitual en las obras públicas colombianas, esta presentó sobrecostos y demoras injustificadas que impidieron que el escenario cumpliera el fin para el que supuestamente estaba siendo remodelado, dado que no estuvo listo en noviembre de 2012, sino en marzo de este año, pero además “con variaciones sustanciales” frente al proyecto inicial.
En 2015 la Secretaría de la Transparencia había prendido las alarmas sobre la paralización de la obra, cuya investigación fue priorizada en la Comisión Regional de Moralización.
Hace casi un año, la Contraloría advirtió que en el millonario contrato “se encontraron faltas en la planeación, supervisión, calidad de obra, contratación e incumplimiento a cláusulas del convenio”.
Para la Fiscalía, Correa y Pineda no hicieron nada para ponerle fin a las irregularidades, omitiendo de esta forma sus funciones de control y protección del patrimonio público de los cordobeses.
Según Correa, “lo único que hicimos fue ponerle todo el interés para que esa obra tan importante para el municipio de Montería, fuera entregada como ya fue entregada y recibida por el Departamento Nacional de Planeación”.
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