Un acuerdo al que llegaron el Gobierno nacional y la rama judicial permitirá financiar las medidas de descongestión hasta el final de este año. En este sentido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso $100 mil millones que alcanzan hasta julio.
El objetivo central de esta política es consolidar una “Justicia al Día”, pero se encuentra sustancialmente desfinanciada, por lo que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial lograron unos compromisos con los representantes del Gobierno Nacional, entre ellos el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y el Ministro de Justicia(e) Miguel Samper Strouss para prolongar las medidas de descongestión hasta el 31 de Diciembre. En ese aspecto el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura se comprometieron a buscar los recursos necesarios para proseguir con el plan trazado por la Sala.
Como se trata de una problemática estructural y las medidas de descongestión atienden muchas obligaciones legales encomendadas a los aparatos de justicia en las recientes legislaturas, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional acordaron tres frentes de acción para superar la congestión judicial:
1. Conseguir los recursos económicos necesarios para mantener por el año 2015 las medidas de descongestión que permitan evacuar el mayor número de procesos acumulados.
2. Lograr la aprobación de una ley que asigne recursos fijos a la Rama Judicial, en donde haya un rubro con destinación específica, parecido a la asignación de 0.5% que estableció la Ley 1285 de 2009 para el funcionamiento de la oralidad.
3. Y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública adelantarán un programa de rediseño y reestructuración de las plantas de personal que logre la modernización del talento humano en forma continua y evitar interrupciones que aumentan el riesgo de colapso del sistema judicial por la saturación de los ya congestionados despachos judiciales permanentes del país.