Hasta ayer se habían sancionado a 316 choferes borrachos, según el reporte del coronel Juan Francisco Peláez, subdirector de la Policía de Tránsito y Transportes.

Según el alto oficial, desde la medianoche del viernes se practicaron “31.053 pruebas de alcoholemia, las cuales han arrojado 316 positivas”.

“Con esto quiero manifestar que continuamos realizando los operativos. Estamos siendo inflexibles, supremamente estrictos con el fin de evitar y minimizar al máximo cualquier ocurrencia de accidentes, muertos y heridos por la ingesta de licor por quienes conducen”, advirtió.

Por su parte, el general Carlos Ramiro Mena, director de la Policía de Tránsito y Transporte, precisó que, de la estadística ya mencionada, 1.300 alcoholemias se practicaron en Bogotá, saliendo positivas solo 9.
“En Medellín se impusieron 10 comparendos, en Bucaramanga 13 y en Barranquilla 1. Esas son las ciudades con más comparendos a conductores ebrios”, declaró el general Mena, agregando que “sabemos que esta nueva ley afecta el bolsillo de los infractores y por eso se está arrojando buenos resultados”.

Ayer, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, el presidente de la Cámara, Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sostuvo que la nueva ley es “muy fuerte, que más que penalizar al conductor ebrio, lo que busca es hacer que los ciudadanos cojan conciencia, que se disuada de seguir cometiendo la conducta de conducir en estado de ebriedad, que entiendan que pueden terminar con la vida de un ciudadano, pero que también pueden acabar con la vida propia y la de su familia”.

“Creo que es una ley que hoy está produciendo buenos efectos”, expresó.

En sentido similar se refirió al tema el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, para quien “la sociedad colombiana no está dispuesta a tolerar más a los conductores ebrios, al mando de un volante, generando daño a sus conciudadanos”.

“Creo que es un aumento exponencial de las sanciones administrativas, de las multas, de la inmovilización de vehículos, de suspensión y cancelación de licencias, que debe general un efecto disuasivo frente a cada colombiano para que lo piense dos veces antes de tomarse un trago y piense salir a manejar convirtiéndose en un peligro para la sociedad colombiana”, manifestó Cristo.

“Si se puede complementar este endurecimiento de penas con medidas más audaces en materia de prevención, de pedagogía, de divulgación de los peligros de conducir para la misma persona que asume esa conducta, bienvenida sea. Y lógicamente tendrá que evaluarse y estudiarse en el Congreso”, agregó.