La misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia acaba de informar que los guerrilleros de la Farc concluyeron la entrega del armamemento.
"Al día de hoy (lunes), la Misión tiene almacenado el conjunto de las armas individuales de las FARC registradas: 7132 armas, salvo aquellas que, de conformidad con la Hoja de Ruta, servirán para dar seguridad a los 26 campamentos" donde están concentrados unos 7.000 guerrilleros, indicó la ONU en un comunicado.
Al acto final del desarme, en Mesetas, se hizo presente, el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, "Timochenko".
"Acabo de arribar a Mesetas, se siente gran emoción y mucha expectativa. #DeLasArmasALasPalabras", escribió en su cuenta de Twitter @TimoFARC, quien vestía una camiseta azul con la palabra "Norway" (Noruega), que junto a Cuba fue país garante del pacto de paz suscrito en noviembre pasado.
Timochenko llegó en un helicóptero con el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y fue recibido por exguerrilleros y policías.
El presidente Juan Manuel Santos también asistirá al acto de cierre del desarme previsto para las 10 de la mañana de este martes en la zona Mariana Páez, en Mesetas, uno de los 26 puntos del país donde están concentrados parte de los 7.000 combatientes de las Farc.
En estas zonas las Farc, surgidas en la década de los 60, completaron hoy la entrega del último 40% de su arsenal a la misión de la ONU en Colombia, a cargo del proceso verificación del desarme, almacenamiento de los fusiles y su posterior destrucción.
El pasado 20 de junio se inició la tercera y última fase de dejación de armas de las FARC, un paso clave para que la principal guerrilla del país y la más antigua del continente inicie su transición hacia la vida civil y se se convierta en movimiento político.
En la última semana, el grupo rebelde entregó el 40% de su arsenal, tras entregar semanas atrás el porcentaje restante.
La misión de la ONU, con unos 450 observadores, es la encargada de verificar el desarme, almacenar el arsenal y destruirlo el 1 de septiembre.
El organismo recordó que hasta el 1 de agosto se dejará en manos de los guerrilleros el lote de armas para asegurar las 26 áreas de concentración, conocidas como zonas y puntos veredales de normalización. La ONU no precisó cuantas armas servirán a esos fines.
"Para esa fecha, la Misión habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos y extraído sus contenedores de las Zonas y Puntos Veredales de Normalización, los cuales pasarán a ser Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación", agregó en la nota oficial.
En paralelo, la ONU continuará con la ubicación de más de 900 caletas o escondites de armas de las FARC donde hay armas y explosivos.
"Hasta el momento, la Misión ha verificado 77 caletas, de las cuales ha sido extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable", precisó.
El acto de este martes se considera histórico al ser considerado como el fin de la violencia armada de las FARC, una guerrilla de origen campesino, que actuó bajo un único mando e inspirada por el marxismo-leninismo.
Futuro político
Con la mira puesta en dejar atrás una conflagración interna que ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados, las Farc ahora enfrentan desafíos en dos escenarios: la justicia transicional y su futuro político.
Tras entregar el fusil, la ONU expide certificados de Dejación de Armas que permitirán a los excombatientes iniciar su tránsito a la legalidad y a movimiento político, cuya definición se realizará durante un congreso del grupo rebelde previsto para agosto.
Pero a la par, los guerrilleros serán sometidos a un sistema de justicia especial, denominado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya aplicación demorada preocupa a los guerrilleros.
El pacto de paz, firmado tras cuatro años de negociaciones, estipula amnistías a guerrilleros por delitos políticos.
Pero los acusados de crímenes graves que confiesen podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.