La orden perentoria que le dio la Corte Constitucional a la Registraduría Nacional de proveer todos los cargos que en la actualidad se ejercen en provisionalidad, para lo cual le dio dos años de plazo, también terminaría por afectar al Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta que por carecer de autonomía administrativa depende en este sentido de la Registraduría.

La Corte Constitucional determinó que la Registraduría Nacional en un término no mayor a 6 meses inicie los trámites para convocar el concurso público para proveer todos los cargos actuales en provisionalidad.

“En todo caso, en un término máximo de dos  años contados a partir de la notificación de esta sentencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá haber culminado dichos concursos y provisto los respectivos cargos”, estableció la Corte Constitucional.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, magistrada Nora Tapia, le dijo hace algunos días a EL NUEVO SIGLO que “la señora Contralora General de la República ha manifestado que no podemos hacer más uso de contratos de prestación de servicios. Entonces, al no poder vincular a nuestros funcionarios por contrato de prestación de servicios y solo poder acudir a la colaboración que nos presta la Registraduría y hacer nombramientos por la vía de supernumerario, eso afecta ostensiblemente la función constitucional del Consejo porque significa que hay funcionarios que van a poder trabajar solamente 10 meses. No los vinculan por los 10 meses sino por periodos pequeños de tres y cuatro meses, eso genera ansiedad, incertidumbre y fuga de buenos funcionarios”.

El Consejo Electoral no ha logrado tener la autonomía administrativa y financiera que le otorgó la Reforma Política de 2009, pues tres iniciativas de acto legislativo en este sentido han sido hundidas por el Congreso.

Al respecto la magistrada Tapia anunció que el próximo 20 de julio una vez más el Consejo Electoral presentará este proyecto para que lo analice el Parlamento.