Las finanzas de los delincuentes, en sus diversas manifestaciones, han sido fuertemente golpeadas en los últimos años a través de los procesos de extinción de dominio, los cuales suman ya $2,5 billones.

Entre los afectados están miembros del clan de los Nule, de Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata, de las Auc, los hermanos Castaño Gil y de Salvatore Mancuso;  narcotraficantes y las Farc.

La Directora Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea del Pilar Malagón, explicó que cumpliendo todos los requerimientos de ley, se afectan seriamente las finanzas de los grupos armados al margen de la ley, porque “ahí es donde les duele más”.

La funcionaria explicó que la entidad cuenta para atacar los bienes adquiridos ilegalmente con la figura de extinción del derecho de dominio y el comiso. “La Ley, por su naturaleza y alcance, se constituye en una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”, explicó.

“La extinción del derecho de dominio avanza bien en todo el país, como avanzan las reformas que le devolvieron los dientes a la Fiscalía General para enfrentar con contundencia y decisión  al crimen organizado y la delincuencia”, precisó Malagón.

“Estamos hablando de la Ley 1708 de 2014, que le brinda muchas herramientas a la Fiscalía con la simplificación de los procesos y le amplía las facultades para investigar. Es decir, que a través de una orden de Policía Judicial fundamentada claro está en la Constitución y la ley, podemos afectar derechos fundamentales constitucionales conforme a los requisitos de la Ley 906”, narró.

“Investigamos casos de lavado de activos, de narcotráfico, de financiación del terrorismo, corrupción y delitos contra la administración pública, entre otros. Aquí tenemos organizaciones criminales de todo tipo”, expresó.

“En estos momentos la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adelanta una serie de procesos e investigaciones para establecer los bienes adquiridos ilegalmente por los cabecillas del secretariado de las Farc, del ala disidente del Epl, de las Bacrim, de los narcotraficantes y delincuentes en general”, señaló.

Explicó que no solo se investiga a las cabezas de las organizaciones al margen de la ley, sino a su núcleo familiar, a sus testaferros y personas que prestaron sus nombres para darles la apariencia de legalidad a esas propiedades como fincas, apartamentos, casas, establecimientos comerciales, acciones de importantes empresas, parqueaderos y vehículos, entre  otros bienes muebles e inmuebles y activos.

La directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, reveló que no todos los integrantes de las autodefensas y guerrilleros que ingresaron a los procesos de Justicia y Paz, dicen la verdad. “Por esta razón trabajamos articuladamente con la Dirección de Justicia Transicional como quiera que la misma Ley de Justicia y Paz les brinda a los fiscales todas las herramientas para iniciar una especie de proceso de extinción de dominio en el marco de esa norma encaminado a la justicia restaurativa”.

 

Cruce de información

Indicó que “el trabajo mancomunado está relacionado con un cruce de información entre los bienes que ha denunciado tener bajo su poder o en manos de otras personas del postulado de Justicia y Paz y las propiedades que nosotros registramos que pertenecen a determinada persona”.

Aclaró que “a partir del cruce de información, si se establece y se confirma que si los postulados  mienten, entonces se estudia la posibilidad de excluirlos del programa de Justicia y Paz “.

“La Dirección Nacional de Justicia Transicional tiene la información de quienes han mentido no solo de las autodefensas sino de otras personas. En estos momentos estamos haciendo los cruces de información y adelantando las correspondientes verificaciones de ley, para entregar los informes correspondientes a Justicia y Paz para que se puedan tomar decisiones fundamentales”, reveló.

De otro lado, aseguró que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está muy comprometida en la articulación  entre la Fiscalía y los jueces de cara a ese objetivo que tiene el nuevo Código y que siempre ha tenido la Ley de Extinción de Dominio para darle un golpe certero a las finanzas de los delincuentes.

Reveló que actualmente cursan varias investigaciones contra los miembros del secretariado y del llamado estado mayor central y otros cabecillas de las Farc que  adquirieron y se apoderaron de tierras durante la otrora zona de distensión.

“Ya tienen procesos con resolución de inicio, es decir, afectados los bienes confines de extinción y con la siguiente etapa que consiste en la emisión de una resolución de procedencia e improcedencia para ser presentadas ante los jueces de Extinción de Dominio. Reitero hay bastantes procesos en ese sentido”, precisó la señora Malagón.

Afirmó que con todos estos procesos de extinción del derecho de dominio, la Fiscalía General de la Nación busca que las miles de víctimas de estos grupos armados al margen de la ley, sean indemnizadas.

 

El Comiso

Malagón advirtió que en los golpes contra las finanzas de las organizaciones criminales no solamente el legislador previó herramientas tan importantes y fundamentales como la extinción del derecho de dominio sino también las medidas que trae la Ley 906 del año 2004 para vincular al proceso penal todos aquellos réditos producto de delitos como la figura del Comiso.

“La figura del comiso se ha fortalecido a través de diferentes mecanismos implementados al interior de la Fiscalía y fortalece el Fondo de Administración Especial que crea la misma Ley para el ente acusador”, acotó.

Explicó que el comiso faculta a la Fiscalía para enajenar los bienes dentro de un proceso penal y subastarlos y venderlos al mejor postor.

Informó que “los recursos que sean objeto de medidas con fines de Comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía para su administración de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolla el ente acusador y deberán ser relacionados en un Registro Público Nacional de Bienes”.

Señaló que los dineros recolectados producto de la venta de los recursos de decomiso serán destinados a proyectos de la entidad. “La estrategia del Fiscal es atacar directamente las finanzas ilícitas, por eso estamos creando este proceso que nos permite atacar directamente las finanzas sobre todo de narcotráfico y de organizaciones delincuenciales”.

 

 

Algunos procesos de extinción del derecho de dominio

 

-Más de 4.250 bienes fueron objeto de operaciones de extinción de dominio por parte de la Fiscalía entre marzo de 2012 y junio de 2014.

- En una operación adelantada por 37 Fiscales de la Unidad de Lavado de Activos y la Dijin de la Policía, fueron ocupados 645 bienes muebles e inmuebles de Enilce López Romero, alias La Gata y de todo su clan familiar vinculado supuestamente en lavado de activos a través de la venta de chance en la Costa norte del país. Fueron ocupadas 45 fincas, 96 casas, dos casaquintas, un penthouse, 62 apartamentos, 25 locales comerciales, seis bodegas, 60 lotes, 29 oficinas, 62 parqueaderos, cuatro empresas, una motonave y 124 vehículos, avaluados en $1 billón.

- Bienes avaluados en $10 mil millones que pertenecen al clan de los Úsuga David fueron objeto de extinción de dominio, el 9 de mayo del año en curso. La acción oficial abarcó 14 inmuebles y 7 vehículos en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Popayán.

- También fue decretada la procedencia de extinción de dominio sobre 242 millones 750 mil pesos, 135 mil 200 dólares y 17 mil 500 euros, incautados al máximo cabecilla de las Farc, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, abatido durante la Operación Odisea, en noviembre del 2011.

- Un fiscal solicitó a un juez especializado extinguir el dominio de 130 inmuebles y dos establecimientos de comercio que pertenecieron al desaparecido narcotraficante Julio César Correa Valdés, alias Julio Fierro.

- Bienes por un valor comercial cercano a los $7 mil millones de propiedad de los primos Nule y su núcleo familiar fueron ocupados por fiscales de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, con el apoyo del CTI, el 19 de abril del 2013. Se trata de dos apartamentos en los Rosales, en el nororiente de Bogotá, cuatro fincas en Tolú y Tolú Viejo, en Sucre, además de un apartamento y un parqueadero en Cartagena, $155 millones en varias cuentas bancarias, paquetes accionarios por un valor de $1.262 millones. Y, a través de la cooperación internacional estamos intentando identificar los bienes de estas personas en el exterior.

- Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta a quien se le incautaron 32 inmuebles por un valor de $21.000.000.000 millones.

- Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, quien se encuentra extraditado y se le incautaron 38 propiedades, entre apartamentos, fincas, centros comerciales y parqueaderos por $30.000.000 millones, ubicados en Bogotá, Medellín, Cali y en el Tolima.

-Extinción de 56.000 hectáreas de tierra despojadas por la guerrilla de las Farc  y que estaban a nombre de uno de sus presuntos  testaferros identificado como  Darío Polanía Ortegón. Estas tierras fueron ocupadas en Huila, Caquetá y Meta y están avaluadas en $10.000.000.000 millones.

- A Josué Cuesta León se le incautaron tres fincas ubicadas en el municipio de Simacota, en  Santander por $500.000.000 millones. Estos bienes eran utilizados por los frentes primero y 16 de las Farc para el abastecimiento de material logístico y de finanzas.

- También está el caso de Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias Coleta, miembro de la organización criminal de alias Daniel El Loco Barrera. Fueron objeto de procesos de extinción de dominio 18 inmuebles, una sociedad y un establecimiento de comercio  por $20.000.000 millones.

- Propiedades de Jairo Hugo Escobar Cataño, alias El Zar de Oro, quien tenía amplia influencia en el bloque central Bolívar de las Auc y miembro de Los Rastrojos por $35.000.000 millones

- También se registra el caso del general en retiro de la Policía, Mauricio Santoyo -exjefe de seguridad de la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe-, actualmente en prisión en los Estados Unidos, a quien se le incautaron bienes y sobre todo la participación en la Exportadora ‘Juan Panela’, por un valor de $2.000.000.000.

- Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias El Cebollero, a quien se le incautaron 35 propiedades ubicadas en Medellín por  $6.700.000.000 millones.

- A Juan Diego Montoya Bernal, alias Mechas, testaferro del cartel del Norte del Valle, a quien se le incautaron 68 bienes por una cifra monumental: $200.000.000.000 millones. Estas propiedades pertenecían a Wilber Varela, alias Jabón y a Javier Antonio Calle Serna, alias Comba.

- Propiedades en Bolívar, Córdoba y Antioquia de Fabio Ochoa Vásquez y su núcleo familiar por $10.000.000.000 millones. En este caso se hizo por primera vez la incautación de una isla en Barú.

- Golpe a 24 bienes del emporio económico de bandas criminales por $4.207.000.000 millones, en  los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.

- 60 bienes de Carlos Fernando Serralde Plaza, socio de alias Cuchillo, excabecilla de la banda emergente al servicio del narcotráfico que se autodenomina Erpac, por $20.000.000.000 millones.

- Reposa en la Fiscalía un caso muy interesante, porque se trata de un proceso que permitió explorar la cooperación internacional en materia de extinción de dominio. Hablamos del caso de Mario Magantiere, miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde Suramérica hacia Holanda por $6.500.000.000 millones.